Impenitencia del crimen oficial

La JEP acaba de esclarecer un ‘falso positivo’ con unos 40 años de ocurrencia en el país.

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Eso indica que la matanza no tiene pausa conocida por las múltiples generaciones de connacionales, milenarias ya, y que la maldad oculta en los vericuetos de lo público es de unas proporciones inimaginables, aterradoras. Un soldado, a nombre del ejército nacional, llevó a los investigadores hasta una fosa de concreto, un extenso panteón popular del cementerio de Dabeiba, Antioquia, y señaló con mucha precisión la posible presencia en su interior de los restos del desgraciado joven ejecutado por los militares en desarrollo de un crimen de lesa humanidad, más conocido como una ejecución extrajudicial, denunciada por su señora madre en los años 80, sin respuesta aparente. Los residuos óseos fueron plenamente identificados y entregados en una bolsa a la dama para su cristiana sepultura. Fueron 40 años de zozobra, según la atribulada mujer, víctima temporal de veladas amenazas de muerte, sin seguimiento de la justicia criminal, en virtud de sus denuncias públicas durante cuatro décadas ininterrumpidas. Tales operaciones encubiertas, simuladas por los orgánicos del Mindefensa durante ejercicios militares de presencia territorial, o lo que llaman de registro y control, pasaban de agache en los medios masivos de comunicación, que no se atrevían a cuestionar a las fuentes oficiales –todavía lo hacen con cierta maña- y, además de jugar con la honra de las víctimas, imprimían un manto de impunidad a esos casos de violación flagrante de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

PRIMERAS PESQUISAS DEL HUILA

De 1985 en adelante, al menos durante unos tres años consecutivos, un osado Procurador Regional, de filiación conservadora para más señas, identificado como Gustavo Martínez Salazar, pese a su posible ortodoxia política, se dio a la tarea de investigar falsos positivos en el departamento y se encontró con muchas sorpresas en el sur del Huila, en primera instancia. Sus revelaciones iniciales señalaban a unas familias de ladrilleros humildes, propietarios de chircales y de minifundios esparcidos en las áreas de influencia del valle de Laboyos, reportadas en la prensa por el Batallón 26 Magdalena como dadas de baja en su calidad de guerrilleros muertos en combate, durante enfrentamientos imaginarios (según el Ministerio Público); a sus cadáveres se les atrincheraba en las partes altas de esas construcciones de barro, supuestos escenarios de los hostigamientos defensivos de los rebeldes contra la fuerza pública, en medio de la acción envolvente de esa misma tropa contra la célula subversiva; al terminar la refriega, del lado castrense se describe en un informe final el supuesto éxito de la jornada, con varias bajas del enemigo, aunque la Procuraduría observa en su trámite disciplinario, con detenimiento, lo que a su juicio involucra a unos sujetos delicadamente vestidos con camuflados y portadores de armamento de largo alcance, igual que de algunos pertrechos más propios de los agentes del gobierno que de los civiles involucrados en el ambiente de una fábrica rudimentaria de ladrillos. El procurador Martínez soportó una presión permanente por sus actuaciones públicas y por sus consecuentes decisiones disciplinarias. La Novena Brigada lo citaba para reconvenirlo con dureza ante lo inusual de su proceder como Ministerio Público en funciones. Un revólver, calibre 38, al cinto, o en una manicartera de cuero, lo identificaba frente a sus posibles riesgos personales. Provenía de una tradicional familia antioqueña, conservadora y demócrata –propietaria del periódico El Colombiano-. Nada parecido a lo que hoy sucede en el país con unas autoridades de bolsillo, de extrema derecha, sin escrúpulos para torcerle el pescuezo a la ley y a la Constitución Nacional.