Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, fue acusada por la Fiscalía de lavado de activos y tráfico de influencias en el escándalo de la Ungrd. Según el ente acusador, habría entregado $3.000 millones en efectivo al exsenador Iván Name, hoy detenido.

La exfuncionaria, cercana al gobierno anterior, enfrenta graves cargos por corrupción. La investigación involucra un millonario desvío de fondos públicos. El caso sacude la política regional.


El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) continúa expandiéndose. La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Este caso pone en evidencia la fragilidad de los controles en la gestión de recursos públicos destinados a la atención de desastres en Colombia.


La investigación señala a Ortiz como la receptora y transportadora de 3.000 millones de pesos entregados por exdirectivos de la Ungrd al exsenador Iván Name. La exconsejera usó vehículos oficiales para el traslado del dinero, supuestamente proveniente del desvío de contratos para la compra de carrotanques. En declaraciones a la prensa, Ortiz manifestó su temor por su vida y denunció presiones para silenciarla.

Los fondos desviados estaban destinados a la compra de 40 carrotanques para La Guajira. La colaboración de Olmedo López, exdirectivo de la Ungrd, quien aceptó un principio de oportunidad y se comprometió a declarar contra otros implicados, es clave para el avance de la investigación. Este caso compromete a una amplia red de funcionarios y congresistas.


El impacto de este caso trasciende la esfera política nacional. El desvío de fondos destinados a la gestión de riesgos revela la necesidad de implementar medidas más rigurosas de transparencia y control. La acusación contra Ortiz pone en evidencia la fragilidad del sistema y las consecuencias que tienen las prácticas corruptas, especialmente en regiones vulnerables como La Guajira. La investigación debe continuar para esclarecer completamente la red de corrupción y llevar a los responsables ante la justicia, garantizando así una adecuada reparación a la ciudadanía.