El Fondo Judicial solicitó protección internacional para la jueza Sandra Heredia, quien ha recibido amenazas después de dictar la histórica condena contra Álvaro Uribe.

La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, del juzgado 44 Penal de Bogotá, se encuentra bajo amenaza tras la condena a 12 años de prisión impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno. Esta decisión, emitida el 1 de agosto de 2025, ha generado una ola de reacciones adversas que han puesto en riesgo la seguridad de la jueza y su familia. Ante esta situación, el Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (Fasol) ha actuado para protegerla.


El organismo internacional solicitó a la CIDH la implementación de medidas cautelares para garantizar la integridad física de la jueza Heredia. La petición se basa en las numerosas amenazas recibidas por la jueza, incluyendo declaraciones públicas del propio Uribe, sus allegados y un representante de un gobierno extranjero que la calificó como "jueza radical". Estas acciones muestran una clara intención de intimidar y silenciar a la jueza por su decisión judicial.


Las amenazas contra la jueza Heredia comenzaron inmediatamente después de la sentencia contra Uribe. Se han registrado una serie de ataques en redes sociales, llamadas anónimas y un aumento de la vigilancia alrededor de su residencia. Fasol ha documentado cada uno de estos incidentes y los ha presentado como evidencia ante la CIDH para respaldar su solicitud de medidas cautelares. La situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de los jueces que toman decisiones impopulares.


Este caso refleja la creciente presión sobre el sistema judicial colombiano y la necesidad de proteger a los jueces que actúan con independencia. La falta de garantías para su seguridad puede afectar gravemente la impartición de justicia y contribuir a la impunidad. La respuesta de la CIDH será crucial para asegurar que la jueza Heredia pueda continuar ejerciendo sus funciones sin temor a represalias. El desenlace de esta situación sentará un precedente importante para la protección de los operadores judiciales en Colombia y en la región.