Dos ideas sobre la historia política de la educación en Colombia

La educación en Colombia desde el nivel básico hasta el superior padece de una desigualdad social crónica.

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 A grandes rasgos, no promueve un encuentro pluriclasista, sino que fomenta escenarios en los que los hijos de clase alta estudian en instituciones educativas de una mejor calidad, mientras que los hijos de padres de clases media baja y de clase baja estudian en colegios que no siempre pueden ofrecer una educación de la misma calidad. En algunos casos, sobre todo en el contexto rural, la distancia es todavía más dramática. Este problema ha sido denominado por García-Villegas y Espinosa como apartheid educativo. Aunque existen excepciones, además de esfuerzos por construir mejores políticas públicas, el dilema es que esta separación existe y segrega a los ciudadanos colombianos de manera práctica y cotidiana, lo que dificulta el fortalecimiento de integración y discusión democrática. Es por ello que acá presentamos dos ideas sobre el origen histórico de este impasse.

 

En el siglo XIX hasta bien entrada la década de los 30 en el siglo XX la educación en Colombia estuvo atada a discusiones religiosas. Esto no se debió a una cuestión carente de practicidad. El elemento social de cohesión y regulación durante la colonia fue la iglesia católica, por lo que en tiempos republicanos de independencia fue la única institución con las instalaciones, insumos y funcionarios suficiente para proveer de educación a la mayor cantidad de ciudadanos. El partido liberal, por un lado, defendió la intervención del Estado y poco a poco fue implementando reformas para monopolizar la educación en manos del gobierno colombiano; por el otro lado, los integrantes del partido conservador rechazaban cambios en el sistema, dado que consideraban que la república podía beneficiarse del apoyo y la guía moral de la santa sede.

 

En 1870 los miembros liberales del Olimpo Radical implementaron una reforma para establecer Escuelas Normales Superiores en cada uno de los estados de la nación. El Estado de Antioquia se opuso fervientemente, debido a que 1) lo consideraban una injerencia por parte del gobierno central y 2) no estuvieron de acuerdo con que los pedagogos del Estado fueran protestantes alemanes. De ahí que, por un tiempo, en Antioquia funcionó la Escuela Normal conservadora, mientras que en Río Negro funcionó la Escuela Normal liberal. Estas disputas, aunadas a otras querellas que desbordan este texto, fueron los ingredientes centrales en la guerra civil denominada como la “guerra de las escuelas” entre 1876-1877. El resultado fue desastroso en términos educativos, puesto que todos los avances se perdieron. La razón por la que estos debates resultaban tan álgidos es por su larga tradición. Desde los albores de la independencia, Santander había intentado integrar nuevas doctrinas educativas, tal como la enseñanza del benthamismo en la cátedra del derecho; no obstante, Simón Bolívar en 1928 se opondría y derogaría dichos decretos a modo de retaliación en contra del que hasta hace poco había sido su compañero de armas y discursos.

 

El 9 de abril de 1948, conocido popularmente como el Bogotazo, fue un punto de cambio en la relación entre élites políticas y el sistema educativo en Colombia. A partir de esta fecha la educación pública se asoció con la educación popular de la barbarie, mientras que las instituciones privadas fueron vistas como una oportunidad y un resguardo frente a lo que consideraban masas iletradas y violentas. En vez de entender el estallido social de reclamos y protestas como una disputa sobre las injusticias sociales, los miembros tradicionales del partido liberal y del partido conservador lo redujeron a un problema de irracionalidad colectiva. La alianza del Frente Nacional fue también un esfuerzo para contrarrestar aquella aparente “barbarie” por medio de la exclusión y la asfixia democrática del sistema político. La educación debía convertirse entonces en un escenario en el que se evitaran o promovieran los discursos disidentes frente al poder. La iglesia católica, por su parte, entendió en buena medida las revueltas del Bogotazo como resultado de un alejamiento de las doctrinas católicas reales por culpa de una educación amoral y revolucionaria que, a su parecer, era lo que las reformas de la Revolución en Marcha habían promovido.

 

Las disputas sobre el papel de la educación no se reducen ni se limitan a políticas públicas entre políticos. Intelectuales como Germán Arciniegas, Germán Colmenares y Salomón Kalmanovitz participaron en un debate público sobre la educación y la historia nacional. En la mitad de los ochenta el Ministerio de Educación publicó unas cartillas escolares como apoyo del material pedagógico de los docentes. Dichos manuales estuvieron bajo la dirección y supervisión de la Nueva Historia, por lo que miembros de la Academia Colombiana de Historia se opondrían a su publicación, alegando imprecisiones interpretativas y vicios marxistas. Así como había ocurrido con la instrucción de las doctrinas de Bentham, la discusión se tornó sobre el carácter moral de los ciudadanos. La enseñanza de la historia patria es el proceso mediante el cual se forma a los ciudadanos y se reconocen ciertas formas de ejercer la política mientras que se suprimen y reprimen otros métodos.

 

Personajes como Arciniegas percibía la realidad política del país como el resultado de legados honorables que debían protegerse a toda costa. El pasado era fuente de la reivindicación de la nación y de aquellos que hasta el momento la habían mantenido bajo su liderazgo. En 1902, después de la independencia de Panamá, se fundó la Comisión de Historia y Antigüedades Patrias como un esfuerzo por reparar y conservar la frágil alianza que había tenido después de la Guerra de los Mil Días y la fragmentación del territorio nacional. Es desde aquella fundación que se formalizó y creó después la Academia Colombiana de Historia. La estrecha relación entre la legitimación soberana del estado y la producción del pasado causó una abrumadora ponderación de figuras como Santander o Bolívar, en vez de valorar las experiencias de otras figuras partícipes de la fundación nacional. En estas disputas los insultos, la tergiversación y la mala fe reinó sobre la consideración de lo que realmente podían constatar los archivos. La razón de la desconfianza es que la nueva mirada sobre el pasado nacional cuestionaba y retaba la legitimidad de quienes se habían canonizado como los padres de la patria. De nuevo, la educación no era un lugar por fuera de la política, sino el espacio de la formación política nacional.

 

A finales del siglo pasado, la ley 30 de 1992 creó el sistema nacional actual de acreditación, junto al sistema de información de la educación (Snies), además de determinar la regulación del sistema educativo superior. Los debates siguen vigentes y son tan vigorosos como en el siglo pasado. La pregunta sobre qué entienden las élites políticas, la población en general, los maestros y los estudiantes sobre ser un ciudadano y qué clase de democracia queremos son vigentes. La educación, junto al ejército, que en varios países han sido los espacios de encuentro entre diferentes clases sociales no ha obtenido los mismos resultados en el caso de Colombia. El 90% de la población no dispone de ingresos suficientes para pagar una educación de calidad; los espacios para convivir desde posturas diferentes no existen ni en las aulas ni en los espacios en donde se vive, de tal manera que se ha impuesto un apartheid social que a su vez alimenta una trampa en la que quienes pueden financiar su educación por medios privados lo hacen, mientras que el resto de la población se queda sin recursos, sin participación y sin las mismas reglas de juego de aquellos que nacieron favorecidos desde su nacimiento. Si Colombia desea ser una democracia con plena garantía de derechos y deberes, debe comenzar a indagar por la escasez de instituciones y estructuras que permitan la convergencia de todos los ciudadanos por igual.