El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó las acusaciones de crisis y desfinanciación en las Fuerzas Armadas, calificando un informe de Semana como "mentiroso" y defendiendo su enfoque en la dignificación de los uniformados.

El mandatario colombiano salió al paso de un reportaje que alerta sobre una supuesta crisis en la Fuerza Pública, negando rotundamente las acusaciones de desfinanciación y defendiendo su política de dignificación de los soldados. Su respuesta fue contundente a través de redes sociales.


Un reciente informe de la revista Semana denunció una preocupante situación en las Fuerzas Armadas colombianas, alertando sobre una supuesta crisis de desfinanciación y falta de recursos que afectarían el bienestar de los soldados. Este informe generó un amplio debate en el país, especialmente en círculos políticos. El contexto de esta polémica se da en medio de los debates sobre el presupuesto nacional y las prioridades del gobierno Petro en materia de seguridad.


El presidente Petro, a través de su cuenta en X, respondió directamente a las acusaciones, afirmando que “el soldado no es un esclavo, sino un ciudadano libre, en armas y al servicio de su pueblo”. Citó el aumento en las bonificaciones para los soldados regulares, equiparándolas con el salario de un trabajador formal. "Ningún soldado con hambre o sin educación habrá en mi gobierno", puntualizó el mandatario.


Petro defendió su modelo de seguridad, destacando las inversiones realizadas en el fortalecimiento institucional y el énfasis en el respeto a los derechos humanos de los uniformados. Cuestionó el uso de la situación fiscal como argumento contra su gestión, argumentando que su gobierno prioriza la inversión en la formación y el bienestar del personal militar, considerando esto clave para una seguridad democrática y efectiva. El gobierno se enfrenta al desafío de conciliar las necesidades del sector defensa con las demandas de otras áreas sociales.


La respuesta de Petro genera un debate fundamental sobre la concepción del rol de las fuerzas armadas en Colombia y la necesidad de una política de defensa que priorice la dignidad y el bienestar de los uniformados, al tiempo que se garantiza la seguridad nacional. Las consecuencias de este debate podrían incluir ajustes en las políticas de defensa, cambios en el discurso público sobre las fuerzas armadas, y un reexamen del presupuesto del sector.