No cesa la horrible noche y la libertad no es sublime

Faltan 6 meses, 20 días para culminar el periodo más sangriento de Colombia.

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Falta casi 7 meses para terminar el periodo del presidente Iván duque, el de mayores masacres, matanzas, violación de los derechos fundamentales, además de corrupción y permeabilidad de las instituciones de mayor reconocimiento del país, donde se ABUDINEAN los recursos de los colombianos honestos, los impuestos y los recursos que por décadas se han conseguido para mejorar el país en temas de infraestructura.

De acuerdo con el Índice Global de Paz (GPI)1 , en el ranking mundial Colombia ocupa el lugar 138 entre 149 países; sólo se encuentran por debajo Corea del Norte, República Democrática del Congo, El Chad, Georgia, Rusia, Israel, Pakistán, Sudán, Afganistán, Somalia e Irak. En América Latina, Colombia sigue siendo el país con más bajo ranking. Esto significa que posee puntuaciones muy altas en los niveles de militarización, gasto militar y violaciones a los Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta imposible pasar desapercibido el hecho de que Colombia se encuentre a 11 puntos de Irak. No obstante, esta realidad puede explicarse desde diversas aristas. Una de ellas, es que en Colombia continúan presentándose masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones, intimidaciones y amenazas, entre otras violaciones graves a los Derechos Humanos (DDHH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Durante el año 2018, en el país se presentaron 15.459 homicidios según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (OPPDHDIH), cuya fuente es la Policía Nacional. Estos registros indican una disminución del 2% respecto al año 2019 y señalan que el 74% de los casos, 11.400, habrían ocurrido en áreas urbanas y el 26%, 4.059, en zonas rurales.

Estas cifras representan aproximadamente el 80% del total de homicidios ocurridos durante el citado año, ya que la metodología de recolección de información, de la fuente empleada, genera una estadística inferior a la del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual basa sus reportes en los cuerpos de las víctimas que recibe y procesa; en esa medida el margen de error es lógicamente menor. Las masacres serían otro indicador a tener en cuenta. En este caso, se encuentra que en el 2021 aumentaron en número de acciones y también de víctimas. Según el OPPDHDIH, durante 2019 se reportaron 99 eventos con un saldo de 147 víctimas. En el 2020, se observó un incremento del 34,5% al registrarse 39 casos con un saldo de 183 víctimas, un aumento del 24,5%. Por su parte, los secuestros ya no reportan las elevadas cifras de inicios de la década, aunque muestran un leve aumento respecto al año precedente. De 43 casos en 2019 pasaron a 82 en 2020. Para el desplazamiento forzado las cifras tampoco son tan elevadas como hace diez años, incluso muestran una reducción del 47% entre 2019 y 2020, al pasar de 185.541 víctimas a 99.990, según el Sistema de Información de Población Desplazada.

Al igual que las FARC, las nuevas bandas emergentes asociadas al narcotráfico han venido sembrando zozobra con minas antipersonal en aras de proteger áreas y caminos que conducen a cultivos ilícitos y laboratorios para el procesamiento de narcóticos, los grupos armados antigua farc, o nueva narco Talía, ELN, EPL, rastrojos, pelusos, clan del golfo y otros grupos de narcotraficantes que manejan zonas directamente desde México en cauca, Nariño y otras zonas.

Ahora bien, otro de los ángulos desde los cuales se podría explicar el por qué Colombia se ubica tan sólo once puntos por encima de Irak, en el Índice Global de Paz, sería la presencia de lo que formalmente se ha denominado de manera equivocada como “Bandas Criminales”. Éstas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina para Colombia de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, “operan de modo parecido a las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia”. De hecho, más que simular las expresiones paramilitares, estas expresiones denotan claramente las falencias del proceso de desmovilización de dicha agrupación, los vacíos en el marco jurídico de Justicia y Paz y el impacto negativo de las extradiciones de los jefes paramilitares. En los informes de la MAPP-OEA por ejemplo, el fenómeno se presenta como reagrupamiento de desmovilizados, reductos no desmovilizados, aparición de nuevos actores armados y fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas abandonadas por el paramilitarismo. Sin embargo, llama la atención que en los territorios no se sintió efectivamente un vacío de poder que diera cuenta de una transición entre uno y otro momento del conflicto, pues fue claro que los ataques contra la población no cesaron y los dominios territoriales instaurados se preservaron y las fuerzas armadas en cabeza de duque, no hacen presencia en estas zonas afectadas, pareciera que estuviesen del mismo lado, Colombia necesita cesar este horrible noche desde hace casi 4 años.