Esa contundente afirmación se hace en Colombia desde que mi memoria recuerda. Es contundente porque con seis palabras describe una realidad que es histórica, que viene de muy atrás y es propia de una sociedad profundamente segregada, separada en clases, en la que el aparato de justicia con sus instancias, normas y funcionarios, se hizo para perseguir a los que incomodaban, perturbaban o afectaban a los de arriba, a los riquitos. Los perturbaban robando o matando, amenazando o preocupándolos en su comodidad cotidiana. Y para eso era que la justicia estaba ahí. Pero con los años, con la intromisión del narcotráfico en el entramado social y económico del país, y la vinculación de muchos de esos riquitos a él, así como a la apropiación de recursos del Estado para aumentar sus capitales, esos ricos viejos así como los nuevos, adoptaron las mismas prácticas que antes los de abajo adoptaban contra ellos, robando, matando o amenazando. Y nunca ese aparato de justicia operó contra ellos. Era extraño que se abrieran procesos contra ellos. Y si se abrían pronto se cerraban, absolviéndolos. Por eso tras la creación de la Fiscalía General de la Nación como resultado de la Constitución del 91, casi todos, sino todos los analistas de la realidad nacional coincidían en que la Fiscalía nunca debió crearse, porque además de ser un ente altamente costoso para el presupuesto nacional, seguía haciendo lo que desde el pasado venía haciendo el aparato de justicia, profiriendo justicia para los de ruana y promoviendo la impunidad para los de arriba. Y la mayor evidencia de la infuncionalidad de la fiscalía para lo que fue creada, era el hecho de que casi todos los fiscales generales habían sido señalados o acusados de corrupción, y no de cualquier tipo de corrupción. Por eso sorprende lo que pasa ahora. Lo que está pasando. Porque no solo el gobierno está actuando contra los que se han enfocado en los recursos del narcotráfico y en la apropiación de recursos del Estado para enriquecerse o enriquecerse mas, sino que pareciera que ahora sí la Fiscalía de Luz Adriana Camargo está haciendo lo que debe hacer, para lo que fue creada. Y eso seguramente preocupa a muchos que creían, estaban seguros, que este país no cambiaría, no podía cambiar. Que la impunidad para sus delitos seguiría campeando, y por tanto podían seguir haciendo lo que siempre habían hecho. Dice en entrevista a El Espectador de hoy la fiscal general: “Llegué a una fiscalía que archivaba nueve de cada 10 denuncias. Ahora, a lo sumo, se archivan dos o tres de cada 10. Es decir, hoy tenemos una fiscalía que se ocupa del 70% al 80% de las denuncias ciudadanas. Bogotá, para dar un ejemplo, pasó de archivar un promedio mensual de 32.000 a 1.700 denuncias, reduciendo la tasa de archivos en mas del 94%. Al inicio de mi gestión, de cada 10 casos llevados a jueces se obtenían seis sentencias absolutorias y cuatro condenatorias. …el panorama actual es bien distinto: en los primeros seis meses de 2025, fueron proferidas 27.880 sentencias…de ellas 19.810 fueron condenatorias y 8.070 absolutorias. Es decir, obtuvimos siete sentencias condenatorias y tres absolutorias por cada 10 casos presentados ante los jueces”. Eso es lo que dice la actual fiscal, a la que le creo, porque por algo las mafías que gobernaron Guatemala y a las que ella persiguió y condenó por corrupción, la persiguen, y por eso lo corruptos en Colombia también la cuestionan. Así que ojalá esta Fiscalía bajo la orientación de esta fiscal, acabe el mito de que en Colombia la justicia es exclusivamente para los de ruana.