Por: Miguel Angel Trujillo

En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó duramente a la fiscal de su caso durante una audiencia clave, acusándola de perseguir opositores.

El 22 de mayo de 2025, en medio de un juicio que ha capturado la atención nacional, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez expresó una fuerte crítica hacia la fiscal encargada de su proceso por presunta manipulación de testigos. Uribe, quien ha mantenido una figura prominente en la política colombiana, defendió su inocencia y argumentó que las acciones de la fiscalía estaban politizadas.

Entre los testimonios más esperados estaba el de Álvaro Hernán Prada Artunduaga, exrepresentante a la Cámara y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien habló en defensa de Uribe. Prada, quien también está siendo investigado por hechos similares, negó cualquier acto ilegal y elogió al expresidente, desestimando las acusaciones de Carlos Alberto López Callejas, alias Caliche, que implicaban a Uribe en intentos de retractación de otros testigos.

Durante la audiencia, se presentaron varios testigos y se revisaron evidencias que han sido clave en el proceso. La defensa de Uribe utilizó este momento para tratar de desacreditar las acusaciones y demostrar lo que ellos consideran una falta de fundamentos en las mismas. Este juicio no solo es crucial para el futuro legal de Uribe, sino que también tiene implicaciones significativas para el panorama político en Colombia.

Este caso resalta la tensión existente entre figuras políticas y la justicia colombiana, y plantea interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial en casos de alta relevancia política. La crítica de Uribe hacia la fiscal podría interpretarse como un reflejo de estas tensiones y como una estrategia para influir en la percepción pública sobre su proceso judicial. La resolución de este caso podría tener consecuencias duraderas para la confianza en las instituciones judiciales del país.