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Denuncias & Tribunales

martes, 19 agosto 2025

Procuraduría formula cargos a expresidente de Nueva EPS por uso indebido de recursos de salud

Por: Miguel Angel Trujillo

Exdirectivo de Nueva EPS, José Fernando Cardona, enfrenta cargos por desviar más de $1.000 millones de recursos de salud a un plan de ahorro, en un hecho calificado como falta gravísima por la Procuraduría. El presidente Petro denunció el "saqueo" de la EPS.

La Procuraduría General de la Nación presentó un pliego de cargos contra José Fernando Cardona Uribe, ex presidente de la Nueva EPS, por el presunto desvío de más de mil millones de pesos de recursos destinados a la salud. Este dinero, proveniente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fue asignado a un plan de ahorro para empleados, lo que constituye una grave irregularidad.

El caso se centra en la desviación de fondos de la UPC, recursos públicos destinados exclusivamente a la atención médica de los afiliados a la EPS. La Procuraduría argumenta que Cardona, al autorizar la transferencia de estos fondos al "Plan Semilla", un plan de ahorro voluntario para empleados, incurrió en una falta disciplinaria gravísima al violar las normas que rigen la administración de los recursos de salud. La investigación se remonta a hechos ocurridos en 2020.

El expresidente de Nueva EPS se enfrenta a posibles sanciones, incluyendo destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. El presidente Gustavo Petro ha calificado este suceso como uno de los más graves en la historia del sistema de salud colombiano, señalando un supuesto "saqueo" de la EPS, a pesar de su carácter mixto y de ser la más grande del país. La investigación continuará para determinar responsabilidades y las posibles consecuencias para Cardona.

El manejo irregular de los recursos públicos en el sector salud refleja la necesidad de una mayor transparencia y control en la administración de los fondos destinados a la atención médica. El caso de Nueva EPS sirve como un llamado de atención para fortalecer los mecanismos de vigilancia y prevenir futuras irregularidades, asegurando que los recursos destinados a la salud lleguen efectivamente a la población que más los necesita. Las consecuencias de este caso podrían sentar un precedente importante para la lucha contra la corrupción en el sector.

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