Por: karol Yulieth Lopéz león

Gobierno anuncia la inminente convocatoria a consulta popular sobre la reforma laboral, pese al rechazo del Senado, generando una crisis institucional.

El pasado 14 de mayo, el Senado rechazó la consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro para respaldar su reforma laboral. Sin embargo, el Ejecutivo, argumentando irregularidades en la votación senatorial, anunció este 3 de junio, a través del Ministro del Interior, Armando Benedetti, que el decreto para convocar la consulta ya está listo. Esta decisión, tomada a pesar de un informe de la Corte Constitucional que desaconseja la acción unilateral del Ejecutivo, ha desatado una fuerte controversia política y jurídica. La reforma laboral, y en particular su polémico artículo 37 sobre trabajo por horas, es el eje central de la disputa.

El Ministro Benedetti justificó la decisión gubernamental alegando que el Senado no se pronunció válidamente, debido a presuntas irregularidades en el procedimiento, invocando el artículo 125 de la Ley Quinta de 1992. Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha amenazado con acciones legales si el decreto se emite. La Corte Constitucional, aunque no con un pronunciamiento vinculante, ya ha expresado su preocupación por la posibilidad de un atropello a la institucionalidad. Las centrales obreras mantienen su oposición a la reforma, especialmente al artículo 37, mientras que algunos sectores empresariales muestran su apoyo condicionado.

El Gobierno ha mantenido su postura, argumentando la necesidad urgente de la consulta para legitimar la reforma laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores. La fecha límite autoimpuesta por el Ejecutivo para la emisión del decreto era el 9 de junio, si el Senado no se pronunciaba antes del 1 de junio. Esta situación ha generado una tensión considerable entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, poniendo a prueba el equilibrio institucional del país.

La decisión de Petro, unilateral y desafiando la decisión del Senado, evidencia una profunda fractura política. Las consecuencias podrían ser graves, incluyendo un enfrentamiento institucional sin precedentes, demandas ante la Corte Constitucional y una mayor polarización social. La viabilidad jurídica de la consulta popular por decreto es altamente cuestionable, y su impacto en la gobernabilidad del país dependerá de la respuesta de la Corte y de la reacción de la sociedad civil. La consulta popular, en sí misma, refleja la profunda tensión entre el proyecto político del gobierno y las fuerzas conservadoras que lo resisten.