Por: Miguel Angel Trujillo

El exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, no aceptó los cargos de corrupción imputados por la Fiscalía en relación con irregularidades en la UNGRD.

El escándalo de corrupción que sacude a Colombia ha alcanzado nuevas alturas con la reciente audiencia del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. Durante la sesión virtual del 21 de mayo de 2025, la Fiscalía General de la Nación le imputó tres graves delitos: cohecho, peculado y lavado de activos, relacionados con la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

González, firme en su defensa, declaró ante el juez: “No acepto los cargos, ya que todas son calumnias sin fundamento”. Según la Fiscalía, el exfuncionario habría utilizado su posición para influir en los congresistas Iván Name y Andrés Calle, prometiéndoles beneficios a cambio de su apoyo a ciertas reformas gubernamentales.

Este caso se destapa tras una serie de investigaciones que señalan a González como una pieza clave en una red de corrupción que desvió fondos destinados para la atención de emergencias en Colombia. Testimonios de varios exfuncionarios de la UNGRD y documentos revisados por la Corte Suprema de Justicia implican directamente al exdirector del Dapre.

La relevancia de este caso radica no solo en la magnitud del dinero malversado, que asciende a más de $614 mil millones recuperados hasta la fecha, sino también en el efecto dominó que ha provocado dentro del ámbito político, especialmente en el Partido Verde, cuyos miembros han visto suspendidas sus actividades. La expectativa crece en torno a la audiencia de medida de aseguramiento programada para el 6 de junio, la cual podría definir el rumbo de las investigaciones y posiblemente, el futuro político de González.