Por: Admin

No podría darse nada mejor para la reciente conmemoración del día del campesino que el anuncio oficial sobre la actualización del catastro del país en un 75 por ciento. Tamaña acción estatal convierte de nuevo en protagonista de primera clase al gobierno Petro con sus satélites oficiales, en una nación que desconoce mucho sobre el tema, especialmente en lo geográfico-territorial y en el orden jurídico de la propiedad y la tenencia de la tierra, por la misma extensión del país –lo difícil de su control ante la vastedad de sus dominios-; allí se observa en ese asunto catastral a un sector considerado como una parte de la almendra de la violencia político-social, de acuerdo con los científicos sociales. Tras la decisión administrativa, adoptada en medio de unas paralelas actitudes reaccionarias de los enemigos de la reivindicación social y de la redistribución de la riqueza, se consolidan la autonomía y los derechos territoriales, garantías usurpadas por los latifundistas seculares que viven todavía en el feudalismo anacrónico del país del XIX; sus escafandras tenebrosas los parapetan como líderes oscuros mediante abiertas trincheras genocidas, soportadas en el establecimiento y sus formas costumbristas –con vías hereditarias- sin apelación.  Hasta los indios, entonces, podrán desarrollar sus ritos y ceremonias más tranquilos luego de acceder a las oficinas de catastro en sus zonas de resguardos y de propiedades, esquilmadas por las mafias milenarias. Se termina así la dependencia frente a las capitales y ciudades intermedias, densas, donde permanecían por momentos aguantando hambre y pasando penurias, malos tratos, para reclamar sus bienes. En esas permanentes idas y venidas sufrían hasta la desaparición forzada y el asesinato aleve a manos de esbirros de los latifundistas, en asocio con agentes del Estado y funcionarios públicos inescrupulosos, traficantes de la vida en su conjunto. En adelante se ejecuta un paso consistente frente a la vida jurídica y al reconocimiento social, vital, de los pueblos, de las etnias, de las razas, de los afrocolombianos, de los nativos, de los campesinos, de los pueblos tradicionales, de los cholos. Es indispensable ahora un costal voluminoso para que quepan en su interior todos los beneficiarios de la normativa sancionada por el presidente Gustavo Petro Urrego. Suena estrafalario que en el país no existieran en la práctica esas prerrogativas  en calidad de derechos constitucionales del contexto popular, y de la sociedad ancestral, primigenia, fundacional, frente al ejercicio de la ciudadanía, consagrado por la Carta Constitucional que apenas parece desempolvar el señor Petro Urrego mientras sacude las telarañas de la indolencia institucional descubierta por su mandato al volver la vista atrás, con lupa. Como es costumbre, los medios de comunicación y las redes sociales escurren el bulto al análisis de la ley reglamentada para fines solidarios y fraternos, distintos de aquellos que impulsan con sus estilos informativos y que, poco a poco, agonizan en este cuarto de hora del pueblo. Algo pendiente en la agenda pública restante es el ordenamiento territorial aplazado con maña perversa por los factores de poder prevalentes, y que fuera profundizado por el sociólogo Orlando Fals Borda, padre de la ciencia sociológica en la U. Nacional al lado del cura Camilo Torres. En definitiva, son llegados los tiempos…