Por: Ulpiano Manrique Plata

Buenos días

El pasado 19 de junio de 2025, en el auditorio de COMFAMILIAR del Huila en Neiva, se llevó a cabo un importante diálogo social convocado por las veedurías ciudadanas y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y ENTERRITORIO, con el objetivo de aclarar la situación de abandono del proyecto de construcción de la sede territorial Huila-Caquetá-Putumayo. El evento reunió a más de 150 participantes, entre ellos estudiantes, docentes, egresados, veedores ciudadanos, representantes de entidades del Estado y directivos de la ESAP, encabezados por su director nacional, Jorge Iván Bula Escobar.

Moderado por el personero municipal de Neiva, Dr. Jerson Andrés Bastidas, el encuentro fue un escenario de reflexión, control social y exigencia institucional. Las veedurías recordaron que el proyecto lleva más de 14 años de retraso, debido a errores técnicos, fallas contractuales, suspensión de obras y falta de voluntad política. Desde 2011, un lote donado por la Gobernación del Huila permanece abandonado, convertido en símbolo de la desidia institucional hacia una región que, paradójicamente, forma a los futuros administradores del país.

Una historia de retrasos y abandono

La ESAP ha tenido presencia en el Huila desde los años ochenta, pero fue solo en 2001, con el Decreto Nacional 114 de la presidencia de la república y el Acuerdo 018 CDN ESAP, cuando se oficializó la territorial Huila-Caquetá-Putumayo. La promesa de una sede propia se consolidó en 2011 con la donación del lote, pero el proyecto —inicialmente a cargo de FONADE— sufrió múltiples tropiezos. Estudios estructurales inadecuados, incumplimientos normativos y problemas contractuales llevaron a la paralización total de la obra. La Contraloría general de la república lo ha catalogado en el “registro nacional de obras civiles inconclusas” DIARI Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata.

Durante el evento, la ESAP y ENTerritorio explicaron los avances y dificultades enfrentadas: cesiones contractuales, problemas con las pólizas, rediseños técnicos y falta de articulación interinstitucional. La comunidad académica, por su parte, exigió respuestas claras y un cronograma verificable.

Compromisos concretos y vigilancia activa

Como resultado del diálogo, se firmó un acta de compromisos que incluye:

Instalación de una mesa mensual de seguimiento con participación de veedurías, la Personería, ENTerritorio y la ESAP.

Inicio de la fase II de la obra en octubre de 2025 y su entrega en septiembre de 2026.

Cierre presupuestal antes del 31 de julio de 2025.

Revisión de contratos para incluir sanciones en caso de nuevos incumplimientos.

Además, se anunció una visita técnica para el 1 de julio, abierta a la comunidad.

El rol de las veedurías y el mensaje a la ciudadanía

La ciudadanía organizada, especialmente las veedurías, ha sido clave para visibilizar este caso y presionar por su solución. Se hace un llamado a mantener la vigilancia activa, participar en las mesas de seguimiento, exigir transparencia y verificar los avances. No se puede repetir la historia de promesas incumplidas.

El Gobierno Nacional, a través del presidente Gustavo Petro, ha manifestado su compromiso de entregar la sede antes de finalizar su mandato. Para lograrlo, se requiere más que discursos: es necesaria una acción decidida, coordinación efectiva entre entidades y tolerancia cero a la negligencia.

Conclusión: sin más excusas

La construcción de esta sede no es solo un proyecto de infraestructura, sino una apuesta por la equidad territorial, el fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo regional. Representa la esperanza de cientos de jóvenes del sur colombiano que merecen condiciones dignas para su formación.

El mensaje de la comunidad es claro: la obra debe iniciarse en julio de 2025 y entregarse en julio de 2026. No más excusas ni aplazamientos. Esta vez, la historia debe escribirse con hechos, no con promesas.