Los llamados pomposamente “Colegios de la Felicidad”, -cómo les pusieron ese nombre- contratados hace más de  7 años  para los municipios de La Agentina, Algeciras, La Plata, Agrado, El Pital e Isnos, por obra y gracia, como no, de la endemia de la corrupción que nos devora impunemente, producto del sistema político electoral pestilente que tenemos y la falta de controles efectivos de los organismos de control, actualmente se pueden denominar sin ambages como  colegios de la desgracia y la vergüenza porque no han sido entregados a la comunidad, como lo concluyó un reciente debate  de control político de tantos por parte de la Asamblea departamental y la misma Contraloría, convirtiéndonos como  tantas veces lo he dicho en este espacio,  en la mayor sabana africana de pastaje de elefantes blancos del país.

Y es que como ya estamos acostumbrados en esta descaecida Colombia de la politiquería y la corrupción, lo único que se cumple en la contratación pública efectivamente es la adjudicación y celebración de los contratos y en pago de anticipos, y por supuesto, el de las consabidas coimas de  reciprocidad para contratantes y contratistas que generan enriquecimiento ilícito con cargo al presupuesto público, pues el cumplimiento del objeto de los contratos, como ha ocurrido con los colegios de la desgracia, quedan enredados en lo de siempre: improvisación, falta de planificación para la realización de las obras, reajuste de los contratos, ampliación de los términos, pago de consultorías con más gastos millonarios para determinar su estado y adicionar más dinero para poderlas llevar a cabo, si es que se pueden concluir, que se convierte en la contratación de la felicidad pero  para los corruptos y, claro, de la desgracia para la comunidad.

Por eso tenemos que insistir en la podredumbre de la contratación pública  que hace posible que construir obras públicas bien hechas y oportunas en este paraíso de la corrupción y la impunidad sea prácticamente imposible, sino hay reformas de fondo al sistema político electoral, a la justicia, al régimen penal para que haya sanciones prontas y efectivas, y a los organismos de control, que la clase politiquera por razones obvias de su oscuro beneficio nunca va a hacer,  y el pueblo tampoco, secuestrado por el Congreso como también lo he dicho, quedando condenada pero la comunidad a perpetuidad y no los delincuentes,  a tener  obras de la desgracia y la vergüenza.