Gerente de Consultoría e Investigación Suárez & Asociados
Recientemente, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 569 de 2025, que introduce
nuevas regulaciones para la publicación de encuestas en Colombia. Esta ley, que en
apariencia busca mayor rigurosidad en la medición de la opinión pública, termina
convirtiéndose en un obstáculo desproporcionado para la transparencia electoral, el ejercicio
democrático y el trabajo técnico de las firmas encuestadoras, especialmente las de carácter
regional.
Uno de los puntos más críticos de la norma es la exigencia de muestras mínimas altísimas para
poder publicar resultados de intención de voto. Como lo señaló públicamente el gerente de
Cifras y Conceptos, César Caballero, “al día de hoy, ninguno de los 94 candidatos y
precandidatos tiene intención de voto superior al 15%. Por ello, la muestra mínima para poder
publicar intención de voto con la nueva ley debería ser de 8.300 encuestas”. Esta cifra es
técnicamente excesiva y financieramente inviable, particularmente para firmas medianas o
pequeñas con cobertura regional.
Este tipo de exigencias no solo limita la labor de quienes producimos información técnica y
confiable, sino que cierra la puerta al acceso de la ciudadanía a datos clave sobre el
entorno político. En una democracia participativa, los ciudadanos deben tener la posibilidad
de informarse y contrastar puntos de vista con base en evidencia cuantitativa. Eliminar o
restringir esa posibilidad es empobrecer el debate democrático.
Además, la Ley 569 impacta de manera diferenciada a las firmas encuestadoras regionales,
como Consultoría e Investigación Suárez & Asociados, que no contamos con los recursos
para financiar estudios con muestras de ese tamaño, ni con el músculo logístico de las grandes
f
irmas nacionales. Esto crea un escenario de desigualdad en el mercado de la información,
concentrando aún más el poder comunicativo en pocas manos y silenciando la voz de los
territorios.
En un contexto político y social tan complejo como el que vive Colombia, los estudios de
opinión pública no son un lujo, ni una estrategia de campaña. Son herramientas para leer lo
que piensa y siente el país. Limitar la producción y divulgación de esa información es
atentar contra el derecho a participar informadamente.
Por todo lo anterior, desde nuestra firma hacemos un llamado respetuoso pero firme a la Corte
Constitucional para que revise esta norma, que claramente va en contravía de principios
fundamentales del Estado social de derecho: la participación ciudadana, la libertad de
expresión, el pluralismo y la equidad en el acceso a la información.
Colombia necesita más datos, más participación y más democracia, no menos.