El paro arrocero que sacude al país no es una simple manifestación sectorial. Es el clamor acumulado de miles de campesinos que, pese a sembrar con sudor y esperanza, no logran sobrevivir de su trabajo. Esta crisis no se origina en la escasez ni en la sobreoferta, sino en una estructura de mercado profundamente desigual, donde la riqueza generada en el campo es atrapada por los engranajes de la intermediación abusiva.
Colombia no sufre de un exceso de arroz. Por el contrario, la producción ha sido constante gracias al temple del campesinado y algunos avances técnicos en las regiones arroceras. La demanda, por ser un alimento básico, también permanece estable. Sin embargo, el precio que se paga al productor es tan bajo que no cubre ni sus costos de cultivo, mientras que el consumidor termina pagando el arroz a precios elevados. Esta injusticia tiene nombre: concentración del poder comercial en manos de los molineros y comercializadores, quienes imponen precios a su favor y desangran al eslabón más débil: el agricultor y el consumidor.
Frente a este drama, la propuesta no es gritar más fuerte, sino construir soluciones estructurales
Se propone una política pública de sustentación de precios que recupere el equilibrio perdido entre el campo y la ciudad, con justicia económica y soberanía alimentaria. Esta iniciativa se sustenta en cuatro pilares fundamentales:
- Precio de sustentación con base técnica y social
Definido por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en diálogo con el campesinado y el Ministerio de Agricultura, el precio debe incluir todos los costos reales de producción y garantizar una rentabilidad mínima del 10 al 15%. Para ello, se necesita un Fondo de Estabilización de Precios que actúe como escudo en tiempos de sobreoferta.
2- Intervención activa del Estado a través de ANA y la red Anita
La Agencia Nacional Agroalimentaria (ANA) debe asumir el rol de comprador de última instancia, transformando el arroz paddy y distribuyéndolo a través de la red "Anita" en comedores comunitarios, escuelas, mercados campesinos y territorios excluidos. Así, el alimento vuelve al pueblo sin la especulación de por medio.
3- Vigilancia firme sobre los molineros y comercializadores
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debe ejercer control riguroso sobre los precios de compra, la competencia desleal y las prácticas monopólicas. Además, se deben incentivar trillas cooperativas, para que los propios productores accedan a la transformación del grano.
- Creación del Consejo Nacional de Sustentación Agrícola (CONSA)
Este consejo, compuesto por entidades del Estado, productores, molineros y organismos de vigilancia, definirá las reglas del juego: precios base, alertas de cosecha, compras institucionales y mecanismos de conciliación en situaciones de tensión comercial.
Esta propuesta no parte de cero
Las herramientas ya existen. La ANA y su red de distribución están legalmente constituidas. La ADR ha retomado sus funciones de compra y asistencia técnica. La SIC tiene plena competencia para vigilar mercados, y el Ministerio de Agricultura ha revivido su función de regulación de precios. Solo falta voluntad política, articulación institucional y vigilancia social para hacerla realidad.
¿Qué lograríamos?
Un ingreso justo, constante y digno para nuestros campesinos.
La eliminación de la especulación desmedida que encarece el alimento del pueblo.
Arroz de calidad y precio justo para las familias colombianas.
Y, lo más importante, un paso firme hacia la soberanía alimentaria, con justicia social y dignificación del campo.
Este modelo es perfectamente replicable para otros productos básicos como el maíz, el fríjol y el sorgo. El paro arrocero debe ser entendido como un grito de advertencia, no como una rutina desesperada. No se trata de limosnas ni subsidios sin rumbo. Se trata de justicia, de equilibrio y de construir un país donde producir alimentos no sea una condena, sino un acto de esperanza.
