lunes, 18 marzo 2024
Por: Admin
El alto tribunal señala que las autoridades deben contar con una herramienta para detectar comportamientos lesivos asociados a la tenencia y al consumo La decisión la tomó la sección primera del alto tribunal
Nencer Barrera Bustos, es el excombatiente de las Farc cuyos familiares fueron asesinados esta semana en el municipio de Algeciras, Huila.
El ataque armado ocurrido en la vereda Quebradón dejó dos personas muertas, dos más heridas y tres desaparecidas, familiares de Barrera Bustos.
No hay garantías para la familia y el proceso de paz, y aunque se desconocen hasta el momento los móviles de los homicidios en la vereda El Quebradón, las autoridades deben investigar con celeridad para dar con los responsables de estos homicidios , indicó.
Barrera manifestó que allí fue asesinada su cuñada, y las autoridades fueron informadas, de manera oportuna, pero no hubo ningún tipo de acompañamiento en la zona.
Hicimos la dejación de armas, confiados en que el Gobierno iba a cumplir. Nosotros hemos trabajado juiciosos, pero no nos han cumplido, no hay garantías ni para los excombatientes, ni para nuestras familias , expresó.
Voy a solicitar a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, apoyo para mi familia, mi papá, mi mamá y hermanos, que están solo, las autoridades solo fueron y recogieron los muerto y ya, garantías no hay ,, afirmó Barrera.
Las directivas del partido Farc, en su cuenta de Twitter, informaron del hecho y denunciaron que no se habría actuado de manera oportuna.
Las víctimas del ataque fueron identificadas como Juan David de 25 años, Luis Eduardo Gómez Marulanda de 22 años, Luz Estela Burbos Mabesoy de 34 años, y Edinson Sebastián Moya Muñoz de 16 años.
En el ataque con arma de fuego, también resultaron heridos Noé Ahumada Cifuentes, 59 años, quien presenta herida con arma de fuego brazo derecho y un menor, quien también resultó herido con arma de fuego en su pie derecho.
De esta forma Algeciras vuelve a estar entre el miedo y la zozobra, tras los múltiples asesinatos que se han registrado en contra de excombatientes y líderes sociales.
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