En el último Consejo de Ministros, realizado el 7 de abril, el presidente Gustavo Petro ascendió el debate con una serie de declaraciones contradictorias sobre la situación energética del país. Durante su intervención, Petro cuestionó la ausencia de suministro eléctrico en el Caribe colombiano, a pesar de ser una región con un alto potencial solar. Sin embargo, no abordó los obstáculos regulatorios y ambientales que han retrasado el desarrollo de proyectos de energía renovable en esa área, omitiendo información clave sobre las dificultades estructurales del sector.

Por otro lado, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se arremetió contra el modelo energético actual, señalando a empresas como Afinia por no ofrecer soluciones efectivas para reducir las tarifas de electricidad. Sin embargo, se pasó por alto un tema crucial: las grandes deudas del gobierno en subsidios energéticos, las cuales han afectado la capacidad operativa de las empresas encargadas del servicio.

Además, Petro sugirió que los embalses hidroeléctricos del país, ubicados principalmente cerca de Bogotá y Medellín, deben reubicarse en zonas más lluviosas. No obstante, este planteamiento parece contradictorio, dado que el presidente ha sido un crítico frecuente de las hidroeléctricas, lo que genera confusión sobre su visión para el futuro energético de Colombia.

Estas incoherencias en las declaraciones de Petro evidencian una falta de claridad y estrategia en su enfoque hacia la energía. En lugar de asumir las responsabilidades del gobierno, el presidente parece buscar culpables externos, lo que pone de manifiesto la ausencia de una línea coherente que permita avanzar en la resolución de los problemas que enfrenta el sector energético nacional.