Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La JEP revela que siguen los reclutamientos a menores en Colombia, con el Huila como uno de los focos principales.

Un informe reciente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha puesto en evidencia el preocupante aumento en el reclutamiento forzado de menores en Colombia, una situación que persiste y se transforma a pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Según la JEP, desde la firma del acuerdo hasta abril de 2025, al menos 1.494 niños y niñas han sido forzados a unirse a grupos armados ilegales, destacando una alarmante frecuencia de un caso cada 48 horas.

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ha identificado que, tras la disolución de las FARC-EP, grupos armados residuales, especialmente las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’, han adoptado estrategias digitales para el reclutamiento. Utilizan plataformas como TikTok, Facebook e Instagram para difundir contenidos que glorifican la vida armada, llegando a más de 500.000 usuarios y visualizaciones que superan las 230.000 veces en promedio.

Este fenómeno no se limita al reclutamiento físico, sino que incluye una captación simbólica, donde los jóvenes son bombardeados con imágenes y mensajes que exaltan la violencia y el poder, debilitando el tejido social y alterando la percepción de los jóvenes sobre la violencia y el conflicto. Este tipo de contenido crea una peligrosa identificación emocional con los victimarios, aumentando el riesgo de una vinculación más profunda con estas estructuras ilegales.

La JEP ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar las medidas de protección para la infancia, especialmente en departamentos como Huila, Cauca y Nariño, donde el reclutamiento ha sido más intenso. Además, se ha destacado la necesidad de fortalecer campañas educativas y culturales que ofrezcan alternativas a los jóvenes y promuevan valores de paz y cohesión social. La situación en Huila es especialmente crítica, donde la comunidad local exige más presencia estatal y oportunidades reales para sus jóvenes, no solo simbólicas.

Este informe no solo refleja una violación grave a los derechos de los niños y niñas de Colombia, sino que también representa un desafío significativo para la justicia transicional y la promesa de no repetición. La comunidad internacional y local debe responder a este llamado con acciones concretas para proteger a la juventud colombiana y asegurar un futuro en paz.