Por: karol Yulieth Lopéz león

Tensión diplomática entre Colombia y Guatemala tras órdenes de captura contra funcionarios colombianos. Petro responde prohibiendo el ingreso de la fiscal guatemalteca Consuelo Porras.

El martes 3 de junio de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció la prohibición de entrada a Colombia para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Esta decisión, comunicada durante un consejo de ministros televisado desde Bogotá, se tomó en respuesta a una orden de captura emitida por la fiscalía guatemalteca contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el embajador colombiano ante el Vaticano, Iván Velásquez. La medida, oficializada por la canciller Laura Sarabia, genera una nueva crisis diplomática entre ambos países.


El presidente Petro justificó su decisión argumentando que Porras ha “denostado a gente honesta colombiana y se burló de la dignidad colombiana”, acusándola además de tener vínculos con "amigos mafiosos". Camargo y Velásquez son figuras clave en la lucha contra la corrupción en Guatemala, con Velásquez destacándose por su trabajo previo en la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala). La orden de captura contra ellos es vista por el gobierno colombiano como un acto de persecución política.


La tensión entre ambos países se intensifica por la orden de captura guatemalteca, que se entiende como un ataque directo a la soberanía colombiana. Petro, en su anuncio televisado, ordenó a la canciller Sarabia la emisión inmediata del acto administrativo que formaliza la prohibición de ingreso de Porras a territorio colombiano. La medida ha sido recibida con diversas reacciones, generando un debate sobre la defensa de la soberanía nacional frente a la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción.


Esta acción de Petro refleja una postura firme contra lo que considera una interferencia inaceptable en asuntos internos colombianos. Las consecuencias de esta decisión podrían ser amplias, incluyendo un deterioro en las relaciones bilaterales y una posible escalada del conflicto. La prohibición de entrada a Porras, junto con la orden de captura de Guatemala, plantean interrogantes sobre la cooperación regional en la lucha contra la impunidad y la protección de funcionarios que combaten la corrupción. La sanción internacional previa contra Porras agrava la situación, señalando un creciente conflicto entre la justicia nacional y la internacional en el contexto latinoamericano.