Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Tras 18 días de secuestro, la familia de Lyan José Hortúa pagó el rescate recomendado por funcionarios estatales, logrando su liberación sin intervención directa del gobierno.

El 4 de mayo, Lyan José Hortúa, un niño de 11 años, fue secuestrado por individuos que, según informes, pertenecen a disidencias de las FARC. El angustioso evento culminó después de más de dos semanas cuando su familia, siguiendo el consejo de funcionarios del Estado, decidió negociar directamente con los captores. La falta de avances significativos por parte de las autoridades llevó a esta decisión desesperada.

El tío de Lyan, un médico de la localidad, expresó su frustración y desilusión con el gobierno. “Nos sentimos abandonados. No somos delincuentes, somos una familia trabajadora”, declaró. Una prima del niño fue quien, mostrando gran valentía, estableció contacto con los secuestradores y finalizó la negociación del rescate, que dejó a la familia en una difícil situación económica.

Lyan fue entregado a campesinos en una zona rural, quienes a su vez lo pusieron en manos de la Defensoría del Pueblo. Durante todo el proceso, la familia criticó la falta de apoyo gubernamental y la indiferencia del presidente Petro, quien reaccionó públicamente solo después de que el niño fue liberado.

Este caso subraya un problema más amplio de seguridad y la eficacia del Estado en la protección de sus ciudadanos, especialmente los niños. La decisión de negociar directamente con criminales, aunque contraria a las políticas oficiales, refleja una desesperación ante la inacción gubernamental y podría sentar un precedente preocupante. La comunidad y los observadores ahora cuestionan la capacidad del gobierno para responder a futuros incidentes de secuestro.