jueves, 18 septiembre 2025
Por: Katherine Cruz
La Fiscalía General de la Nación citó a juicio al exviceministro de Cultura, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, por presuntamente presentar documentos falsos para acceder a un cargo público. Se le acusa de fraude procesal y falsedad material.
El exfuncionario será juzgado por falsificación de documentos para obtener un puesto en el Ministerio de Cultura. La audiencia preparatoria se llevará a cabo en diciembre. Se presume la utilización de un diploma y acta de grado falsos.
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación anunció la decisión de llamar a juicio al exviceministro de Cultura, Clímaco Esteban Zabala Ramírez. Este proceso judicial se centra en las irregularidades detectadas en la documentación presentada por Zabala Ramírez para aspirar a un cargo de asesor en el Ministerio de Cultura en diciembre de 2022. La investigación revela una presunta manipulación de documentos oficiales para obtener una ventaja ilícita en el proceso de selección.
Zabala Ramírez, según la Fiscalía, es el presunto responsable de los delitos de fraude procesal y falsedad material en documento público. El exfuncionario se habría valido de un diploma y un acta de grado que, según las investigaciones, pertenecían a otra persona. No se han emitido declaraciones públicas del exviceministro hasta el momento. Las pruebas presentadas por la Fiscalía serán clave para la resolución del caso.
La investigación demostró que, si bien Zabala Ramírez cursó estudios de maestría en Gerencia de Proyectos en una universidad privada de Bogotá, no completó los requisitos para obtener el título. Se presume que utilizó documentos pertenecientes a otro estudiante que sí culminó sus estudios para engañar a las autoridades del Ministerio de Cultura. Este caso resalta la importancia de la transparencia y la rigurosidad en los procesos de selección de personal en el sector público.
La audiencia preparatoria del juicio contra el exviceministro Zabala Ramírez está programada para la primera semana de diciembre. Este proceso judicial envía un mensaje contundente sobre la importancia de la rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley en el ámbito público. El resultado de este juicio podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción y la falsificación de documentos en la administración pública colombiana. Se espera una resolución justa y transparente que permita restablecer la confianza en las instituciones.
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