Un juez cartagenero condenó a 12 años de prisión a un hombre por almacenar y difundir material de abuso sexual infantil. La condena, aunque sujeta a apelación, representa un avance significativo en la lucha contra este delito.

Este miércoles 24 de septiembre, un día después del Día Internacional contra la Explotación Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, la justicia colombiana dictó una importante sentencia. Se trata de la condena a Adonáis José Ballesteros Ortiz por un crimen aberrante: la posesión y difusión de material pornográfico infantil.

La Fiscalía General de la Nación presentó contundentes pruebas que demostraron la culpabilidad de Ballesteros Ortiz, de 37 años. El material, hallado en sus dispositivos electrónicos durante un operativo en marzo de 2023, incluía 71 archivos audiovisuales explícitos con niños, niñas y adolescentes entre 8 y 16 años. La investigación contó con la colaboración del Centro Nacional para Menores Perdidos y Explotados de EE. UU. (NCMEC), crucial para identificar la procedencia del material.

En el juicio, la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad de Ballesteros Ortiz en la recolección, almacenamiento y difusión de este material. La condena se dictó en primera instancia por el delito de distribución de contenido explícito con menores de 18 años. Si bien la defensa podría apelar la decisión, la sentencia marca un precedente importante en la región Caribe.

El operativo, realizado en el barrio Altos de Plan Parejo de Turbaco (Bolívar), destapó una red de distribución de material de abuso sexual infantil, evidenciando la necesidad de una mayor vigilancia y acciones preventivas. La condena a Ballesteros Ortiz, aunque no erradica el problema, simboliza un paso significativo hacia la protección de los niños, niñas y adolescentes de la región y refuerza el compromiso de las autoridades con la justicia. La colaboración internacional, en este caso con el NCMEC, demuestra la importancia de la cooperación transnacional en la lucha contra este flagelo. El caso deja en evidencia la necesidad de fortalecer la educación y prevención para combatir la explotación sexual infantil.