Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

En Colombia, jueces pueden impedir la salida del país a deudores alimentarios para garantizar el sustento de menores y dependientes. La medida se basa en leyes que protegen el derecho fundamental a la alimentación.

La prohibición de abandonar el territorio nacional por deudas de alimentos es una medida cautelar aplicada en Colombia para asegurar el cumplimiento de obligaciones alimentarias. Esta práctica se fundamenta en la protección del derecho fundamental a la alimentación de menores y personas a su cargo. La medida no tiene una fecha de inicio precisa, pero se sustenta en normas legales existentes desde hace años.


El marco legal que respalda estas acciones se remonta a la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) y se refuerza con el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), permitiendo a los jueces imponer medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salida del país. Casos documentados como los de Jair Alfonso Forero Mayorga y Ferney Efrén Murcia Miranda ilustran la aplicación de esta medida, aunque en algunos casos se han otorgado autorizaciones temporales para viajes con la condición de garantizar el pago de las deudas. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) creado por la Ley 2097 de 2021, agrava las consecuencias para quienes incumplen.


El procedimiento judicial requiere la existencia de una deuda en mora, la percepción de riesgo de incumplimiento por parte del juez, y la solicitud formal de la medida. La prohibición se levanta al cumplirse con las obligaciones o con la entrega de una garantía. La medida cautelar busca presionar al deudor para que cumpla con su responsabilidad legal y económica, protegiendo así los derechos de los beneficiarios de la pensión alimentaria.


Esta práctica genera debates en torno al equilibrio entre el derecho a la libre circulación y la protección de los derechos fundamentales. Si bien la medida busca garantizar el bienestar de los dependientes, su aplicación debe ser justa y proporcionada, evitando abusos y considerando las circunstancias individuales de cada caso. La transparencia y el acceso a la justicia son claves para que estas medidas se apliquen de manera equitativa y eficaz.