El Gobierno colombiano expresó su rechazo a la decisión de Nicaragua de conceder asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. La Cancillería pidió al país centroamericano reconsiderar su postura y permitir que el exfuncionario responda ante la justicia.

El gobierno colombiano expresó su enérgico rechazo a la decisión de Nicaragua de conceder asilo político a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), implicado en un escándalo de corrupción que involucra millonarios recursos públicos destinados a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). Este hecho ha generado una fuerte tensión diplomática entre ambos países. La solicitud de extradición se basa en un tratado bilateral vigente desde 1929.

El exfuncionario, según la Fiscalía colombiana, es acusado de desviar fondos públicos en el marco del escándalo de la UNGRD. La Cancillería colombiana, a través de un comunicado oficial, rechazó la decisión nicaragüense, argumentando que el asilo político no puede amparar a personas investigadas por delitos comunes. El Ministerio de Justicia se sumó al pronunciamiento, reiterando la solicitud formal de extradición de González Merchán.


González habría huido del país mientras se llevaban a cabo las investigaciones, evitando así el proceso judicial en su contra. Su salida del territorio nacional generó una amplia controversia y aumentó las sospechas sobre la gravedad de su implicación en el caso de corrupción. La Fiscalía colombiana ha manifestado su determinación de continuar con la investigación y procesar a todos los responsables.

El otorgamiento del asilo político por parte del gobierno de Nicaragua a González Merchán pone en tela de juicio la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. Este hecho podría generar un precedente negativo y afectar las relaciones bilaterales entre ambos países. Las consecuencias a futuro podrían incluir la revisión del Tratado de Extradición de 1929 y la afectación de la confianza en los mecanismos internacionales de justicia. La presión internacional sobre Nicaragua para reconsiderar su decisión podría intensificarse.