Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El Gobierno de Gustavo Petro respalda una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral, mientras crecen las tensiones en el Congreso.

El 14 de mayo de 2025, Colombia se encontró ante un momento decisivo en su política laboral. El Gobierno de Gustavo Petro, en un intento por superar las divisiones en el Congreso, respaldó una consulta popular que permitiría a los ciudadanos votar directamente sobre la reforma laboral. Esta medida se presentó como una alternativa tras el fracaso inicial del proyecto en el Senado, donde no se logró el consenso necesario.

El Ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el principal vocero del Gobierno en esta jornada, argumentando que la consulta popular y la apelación al hundimiento de la reforma representaban "dos caminos" para alcanzar los cambios necesarios en la legislación laboral. Junto a él, el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió los beneficios de la reforma, destacando la importancia de involucrar directamente a la ciudadanía en estas decisiones.

La propuesta de consulta popular no estuvo exenta de controversias. Sectores como el Partido Liberal y algunos miembros del Partido de la U expresaron su desacuerdo, calificando la consulta de innecesaria y costosa. Por otro lado, figuras como el senador Fabián Díaz del Partido Verde promovieron una apelación al hundimiento de la reforma, buscando una solución legislativa más rápida sin recurrir al voto popular.

Este escenario refleja una profunda división dentro del espectro político colombiano sobre cómo mejorar los derechos laborales. La decisión de avanzar con la consulta popular, a pesar de la oposición de algunos sectores, subraya el compromiso del Gobierno Petro con la participación ciudadana y la democracia directa. Sin embargo, la apelación simultánea al hundimiento de la reforma muestra la complejidad y la urgencia de encontrar una solución efectiva que satisfaga tanto las demandas sociales como las políticas. La votación en el Senado y la respuesta popular serán cruciales para determinar el futuro de la legislación laboral en Colombia.