Alfredo Saade cuestionó su suspensión de tres meses por la Procuraduría en el caso de los pasaportes y lanzó pullas contra Armando Benedetti y Laura Sarabia. “Libre no significa corrupto, me sacan por quitarle el negocio a las mafias”, aseguró.

En medio del escándalo de los pasaportes en Colombia, el ex funcionario Alfredo Saade fue suspendido por la Procuraduría. Sus fuertes declaraciones acusan a figuras del gobierno y desatan una polémica nacional.

La Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión de Alfredo Saade por tres meses en relación al controvertido proceso de contratación de pasaportes. Esta decisión ha generado una ola de reacciones, especialmente por las contundentes declaraciones de Saade en redes sociales, donde cuestiona la imparcialidad del ente de control. Señala que su suspensión no se debe a actos de corrupción, sino a su intento de erradicar prácticas irregulares en el proceso. El caso ha generado un intenso debate público en torno a la transparencia gubernamental.

Saade, en sus declaraciones, apuntó directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la esposa del esposo de Laura Sarabia, sugiriendo que la suspensión podría estar orquestada por ellos. "¿El procurador me saca del lado del presidente por orden de Benedetti y sus secuaces?", cuestionó. Benedetti negó cualquier implicación en la decisión. "Nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría," declaró el ministro. Saade afirmó que su objetivo era beneficiar a la nación.

El proceso de contratación de pasaportes, según Saade, estaba plagado de irregularidades que favorecían a “mafias”. Él alega que su trabajo era limpiar este sistema corrupto, siguiendo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro. Saade asegura que su suspensión es un ataque a su lucha contra la corrupción, un acto de retaliación por cuestionar poderosos intereses. La suspensión se llevó a cabo tras una investigación de la Procuraduría, aunque los detalles precisos no han sido revelados públicamente.

La suspensión de Saade y sus acusaciones han desatado una crisis política. Su anuncio de acudir a instancias judiciales para defenderse promete un largo proceso legal. El desenlace de este caso podría afectar significativamente la imagen del gobierno de Gustavo Petro y la credibilidad de las instituciones de control en Colombia. El debate sobre la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración pública se intensifica.