En las últimas horas, la ADRES suspendió pagos a 23 IPS en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca por presuntas falsedades en sus registros de infraestructura. Se afectaron más de 4.911 millones de pesos en facturas.

La Agencia Nacional de Prestación de Servicios de Salud (ADRES) tomó una drástica medida contra 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en diferentes departamentos del país. Una auditoría reveló inconsistencias graves.


La ADRES, a través de la Resolución 0087804 de 2025, anunció la suspensión de pagos a estas IPS, ubicadas en los departamentos del Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca. Esta decisión se fundamenta en una auditoría realizada por tres firmas externas contratadas por la entidad, la cual determinó que varias de estas instituciones no contaban con la infraestructura física declarada para prestar los servicios facturados. Las irregularidades se centran en la atención a pacientes accidentados.


Si bien las IPS presentaron facturas por servicios de atención médica, la auditoría evidenció que la información suministrada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud no correspondía con la realidad. De las 23 IPS investigadas, 12 recibieron la suspensión del reconocimiento y pago de reclamaciones por un valor superior a los 4.911 millones de pesos, mientras que las 11 restantes sufrieron la suspensión de su registro de cuentas. No se han revelado los nombres de las IPS involucradas hasta el momento.


El proceso auditor involucró un minucioso análisis de la documentación presentada por las IPS y verificaciones in situ de sus instalaciones. La falta de transparencia en la información y la presunta falsedad en los registros resultan en un impacto negativo en la gestión de los recursos públicos destinados a la salud. La decisión de la ADRES es un paso firme para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y la calidad de la atención médica brindada a la población. Los representantes de las IPS afectadas cuentan con diez días hábiles para presentar un recurso de reposición. Cabe recordar que este hecho se suma a las medidas administrativas tomadas en 2024 contra 52 IPS por irregularidades similares, con un valor superior a los 70 mil millones de pesos.