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Política

Las objeciones de Duque a la JEP dejarían sin efecto acuerdo de paz

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Si escuchó o no la alocución presidencial del pasado domingo en la noche, lo invitamos a conocer de fondo los argumentos empleados por el presidente para objetar la sanción presidencial a la ley estatutaria sobre la JEP.

Fotografía. Los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Tomada de kienyke.com.

En un cambio de posición (porque hace 20 días había afirmado lo contrario), el pasado domingo en la noche el presidente hizo una breve exposición televisada de los argumentos que según él lo llevan a objetar la ley estatutaria de la JEP por razones de conveniencia, puesto que esa Ley había pasado ya por el control constitucional de la Corte, y además se deriva de un acuerdo de paz con carácter de pacto de Estado, con el respaldo de la comunidad internacional; pacto que la mayor parte de los analistas consideran de obligatorio cumplimiento.

En un escandaloso episodio registrado en los medios y que seguro muchos colombianos recuerdan, hace un año, el entonces procurador Alejandro Ordoñez y el exministro Fernando Londoño, los dos caracterizados por posiciones de extrema derecha, casi hasta fascistas, afirmaron que harían "trizas" el acuerdo de paz.

La desfachatada afirmación provocó una ola de críticas que llevó al uribismo en plena campaña electoral con Duque a dorar las píldora con el consabido argumento de "no polarizar".

En su discurso de victoria, el electo presidente Duque, prometió por primera vez para generar confianza en su otra promesa de pacto nacional, que "no harían trizas" el acuerdo, pero que sí presentarían algunas modificaciones para "logar un consenso nacional." Ese era su discurso y el de su mentor, el senador Álvaro Uribe Vélez.

Pero pasado el tiempo se revela como el uribismo trazó una estrategia para en en efecto hacer todo lo contario: acabar con el acuerdo. el senador Uribe, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y el propio presidente Duque, ha terminado siendo los tejedores de una filigrana política, que primero, debilitó la fuerza y el alcance del acuerdo, y segundo aparentado razones de conveniencia, diciendo que solo se trataba de seis artículos de un total 159; finalmente el Presidente se quitó la máscara, y anunció su decisión de objetar la ley estatutaria de la JEP.

Los seis artículos objetados son parte de la columna vertebral del acuerdo. Si el Congreso en el trámite de las objeciones le concede la razón al Presidente, pues sencillamente, el uribismo habrá llegado a su propósito real: hacer trizas el acuerdo. Pero no la tiene fácil: su discurso que poco a poco se revela en verdad polarizante, debilita su coalición. Si no logra, habrán retrasado en 8 o 6 meses el funcionamiento de la JEP, mientras de seguro intentará obtener su propósito por otros medios.

Tanto Uribe como Duque han usado las expresiones "genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación", para buscar la aceptación de sus propuestas en la opinión pública, en especial de las bases populares del uribismo en la perspectiva de las elecciones regionales de octubre. Así lo dijo de nuevo el Presidente al presentar en Twitter su alocución:

Juntos, la Rama Ejecutiva, el Legislativo y la Corte Constitucional, podremos reformar y diseñar una Jurisdicción Especial para la Paz que asegure a todos los colombianos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición. #JEP pic.twitter.com/2leB46CXLc

— Iván Duque (@IvanDuque) 11 de marzo de 2019

Pero habría que preguntar si en la negociación con los paramilitares durante el gobierno de Uribe, sí hubo "genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación". Que se recuerde, solo en el periodo de esas negociaciones los paramilitares mataron más de 2.000 personas y no se vio a ninguno de los actuales acérrimos críticos de la paz exigiendo no impunidad, reparación material, ni obligación de condena a todos los victimarios de delitos de lesa humanidad.

El uribismo tan cercano a las Fuerzas Militares parece no darse cuenta que sin JEP, sus protegidos corren el riesgo de terminar en la Corte Penal Internacional, que tiene en revisión el caso de los asesinatos de personas inocentes que luego se presentaron como bajas de la guerrilla. Hoy hay más de 4,653 militares que se han comprometido con la JEP.

Analistas políticos como los de la revista Semana, consideran entre otras razones, que el uribismo sigue apelando a exacerbar el odio, a las mentiras abiertas o veladas como las falacias argumentativas para lograr sus objetivos políticos (como también muchos otras individuos y colectivades políticas lo hacen).

También consideran los analistas que sí hay un 'choque de trenes', como suele llamarse a las contradicciones de fondo entre las ramas delo Poder Público; que se están desacatando las decisiones de la Corte Constitucional y que se afecta de forma grave el Estado de Derecho que debe caracterizar a las sociedades democráticas y el desconocimiento de un acuerdo de Estado refrendado por las Naciones Unidas, que resta de forma grave credibilidad institucional y gubernamental.

También el procurador Fernando Carrillo Fernando Carrillo "cuestionó los anuncios del presidente Duque por desconocer el papel de la Corte Constitucional pero respaldó el trámite acelerado de reformas, como el artículo sobre los niños. Con una novedosa tesis, subrayó que antes de tramitar las objeciones, la corte debe darles su visto bueno", como lo publica Semana.

En fin, se avecinan tiempos aún de mayor confrontación social y política durante un gobierno que ha hecho todo lo contrario a muchas de sus promesas electorales, con el propósito de "no convertirnos en Venezuela".

Resumen de las objeciones

➢ Artículo 7: porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas.

➢ Inciso octavo del artículo 63: porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado de Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz.

La tarea de verificar las personas que participen de un proceso de paz debe ser competencia del Alto Comisionado de Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que los delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad.

➢ Inciso tercero del literal j del artículo 79: no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que va en desmedro de los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad.

Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas.

➢ Parágrafo 2 del artículo 19: que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad.

El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos sus esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad.

➢ Artículo 150: referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esta precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países. 

➢ Artículo 153: porque se condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados.

Adicionalmente, el gobierno presentará ante el Congreso una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017:

Existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la Justicia Transicional que el Presidente cons


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