Fecha de publicación: 2024-11-23 22:26:23
La actitud desplegada por el representante a la Cámara Miguel Polo Polo durante el homenaje a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales no solo fue execrable, sino que constituyó una flagrante violación a la dignidad de las víctimas y sus familias.
2024-11-23 22:26:23
Su proceder, lejos de ser un mero exabrupto, representa el negacionismo, una peligrosa tendencia a desconocer y minimizar uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia. La ignominia de los falsos positivos no es un asunto baladí.
La crítica de Polo Polo hacia los falsos positivos, específicamente a la cifra de 6.402 víctimas documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), carece de sustento fáctico y jurídico. Esta cantidad escalofriante no son meras estadísticas: representan vidas truncadas, familias destrozadas y un tejido social irreparablemente dañado.
A través de una investigación exhaustiva que incluye testimonios de militares implicados, documentos oficiales y evidencia forense, la JEP ha establecido que los falsos positivos fueron una política sistemática impulsada desde la cúpula del Ejército entre 2002 y 2008. Esta conclusión ha sido respaldada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), lo que otorga credibilidad y solidez a las cifras presentadas.
La negativa a aceptar estas cifras y la realidad de los falsos positivos no solo es una ofensa a la memoria de las víctimas, sino que también representa un obstáculo para la reconciliación y la justicia transicional en Colombia. La Ley de Justicia y Paz de 2005 y la creación de la JEP en 2017 han permitido la investigación y el castigo de los responsables, así como la reparación a las víctimas y sus familias. Ignorar estos hechos y las leyes que los abordan es contraproducente para el proceso de justicia y reconciliación que Colombia necesita para avanzar hacia un futuro más justo y pacífico.
La actitud displicente y burlona del representante durante el acto conmemorativo no solo demuestra una falta de empatía supina, sino que raya en la apología del delito. Su comportamiento pueril y sus comentarios jocosos durante un momento de recogimiento y reflexión son sintomáticos de una clase política que ha perdido el norte moral y ético.
Es menester recordar que los falsos positivos no fueron casos aislados, sino el resultado de una política sistemática que priorizaba los “resultados” sobre la vida humana. El informe de la JEP señala que estas ejecuciones extrajudiciales fueron "una práctica macrocriminal impulsada desde la cúpula del Estado".
Ante esta realidad ineludible, la actitud burlesca de Polo Polo es no solo inapropiada, sino profundamente ofensiva. La ignominia de su comportamiento se magnifica al considerar que, como representante electo, tiene la responsabilidad de velar por los intereses de todos los colombianos, incluidas las víctimas de la violencia estatal.
Su incapacidad para mostrar un mínimo de decoro y respeto en un acto de tal solemnidad pone en tela de juicio su idoneidad para ocupar un cargo público. Es imperativo que, como sociedad colombiana, reflexionemos sobre el tipo de liderazgo que estamos dispuestos a tolerar. La banalización del sufrimiento ajeno y la falta de empatía no pueden ser características aceptables en quienes ostentan cargos de representación popular.
Este comportamiento es un síntoma de una enfermedad más profunda: la deshumanización de la política y la pérdida de valores fundamentales como el respeto y la compasión. En un país que lucha por cicatrizar las heridas del conflicto, actitudes como la del representante, son un obstáculo para la reconciliación y la construcción de una paz duradera.
Es momento de exigir a nuestros representantes no solo competencia política, sino también integridad moral y empatía genuina con el sufrimiento de las víctimas. La memoria de los 6.402 colombianos asesinados en el marco de los falsos positivos merece respeto y reconocimiento.
Es deber de todos, pero especialmente de quienes ocupan cargos públicos, porque como representantes del pueblo, deben defender y honrar la historia y los derechos de las víctimas, garantizar la justicia y la verdad, prevenir la repetición de atrocidades y promover la reconciliación y la cohesión social
Reflexionemos, pues, sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Una en la que el dolor ajeno sea motivo de burla, o una en la que la empatía y el respeto sean los pilares fundamentales de nuestra convivencia.
El comportamiento de Polo Polo es un llamado de atención sobre la urgente necesidad de elevar el nivel del debate público y de exigir a nuestros representantes una conducta a la altura de la dignidad de sus cargos.
