Por: Ulpiano Manrique Plata

 A raíz de las diversas opiniones y controversias generadas por actores políticos, cronistas, comentarista, periodistas sobre la gratuidad de la educación superior, es crucial analizar dos situaciones que afectaron a Colombia entre los años 2019-2020.

 

Durante este periodo, la pandemia del COVID-19, que se extendió por los cuatro continentes, provocó un caos global, y nuestro país no fue la excepción. Miles de colombianos perdieron la vida, y la población tuvo que aislarse de sus actividades laborales, educativas y empresariales, lo que generó una inestabilidad económica y de salubridad pública que puso en riesgo los ingresos de muchas familias y afectó gravemente a todos los sectores sociales.

Además de las implicaciones económicas, la pandemia trajo consigo cambios en las costumbres y hábitos de la sociedad colombiana. Ante esta situación, el gobierno de la época declaró la emergencia sanitaria y decretó la "matrícula cero" en las universidades públicas mientras duraba la emergencia. Sin embargo, una vez superada esta etapa, surgió la necesidad de cuestionar la inequidad en el sistema educativo de la educación superior: si la educación básica, secundaria y media ya era gratuita, ¿por qué no extender esa misma oportunidad a los jóvenes que aspiraban a continuar sus estudios en los niveles técnico profesional, tecnológico y profesional?

En este contexto, el presidente Gustavo Petro incluyó como candidato a la presidencia de la república en su propuesta de gobierno garantizar el acceso, la accesibilidad, la permanencia y la gratuidad en la educación superior para la juventud colombiana, especialmente para la población vulnerable hacer realidad este compromiso, presentó un proyecto de ley al Congreso de la República que institucionalizó la gratuidad en la educación superior, ampliando las oportunidades educativas para todos los colombianos y colombianas que quisieran ingresar a la educación superior; presentando al congreso  el proyecto de ley para institucionalizar la gratuidad de la educación superior a la población vulnerable mediante la Ley 2307 de 2023 la cual fue sancionada por el presidente Gustavo Petro y reglamentado mediante el Decreto 2271 del 29 de diciembre de 2023 marcando un hito trascendental en la historia de la educación en Colombia. Con esta legislación, el gobierno del presidente Gustavo Petro busca garantizar que la educación superior sea un derecho accesible para todos los jóvenes del país, sin importar su situación socioeconómica, edad o ubicación geográfica. Bajo la estrategia “Universidad en tu Territorio”, implementando una serie de políticas que no solo aseguran la gratuidad, sino que también promueven la equidad, la inclusión y el desarrollo regional.

Ampliación de Cobertura y Gratuidad: Un Compromiso Real

El primer eje de esta reforma es la ampliación de la cobertura y las políticas de gratuidad, implementadas bajo el programa “Puedo Estudiar”. Según datos del Ministerio de Educación Nacional MEN, en 2023, más de 843 mil estudiantes se matricularon en programas de pregrado en instituciones públicas, de los cuales el 82% se benefició de la gratuidad. En 2024, se espera que este porcentaje alcance el 93%, lo que demuestra un compromiso firme con la eliminación de las barreras económicas que históricamente han impedido a miles de jóvenes acceder a la educación superior. La inversión de $2,2 billones en este programa no es solo una cifra, sino una manifestación tangible de la voluntad política para transformar la educación en Colombia.

Espacios Educativos como Centros de Vida Comunitaria: Más Allá de las Aulas

El segundo eje de la reforma, el Plan Nacional de Espacios Educativos, es una iniciativa que va más allá de la construcción de infraestructura. Este plan busca convertir las instituciones educativas en centros de vida comunitaria, donde se fomente la cohesión social y el desarrollo integral de las comunidades. Con una inversión de $800 mil millones en 2024, se priorizarán 76 iniciativas en todo el país, que incluyen desde la creación de nuevas facultades hasta la expansión de sedes en regiones históricamente desatendidas. Estos espacios serán fundamentales para fortalecer el tejido social y promover el desarrollo regional.

Tránsito Inmediato a la Educación Superior: Eliminando la Brecha Entre la Educación Media y Superior

Otro aspecto crucial de esta reforma es el programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior. Con una inversión que se incrementará a $11.500 millones en 2024, este programa busca garantizar que los estudiantes de educación media puedan hacer la transición a la educación superior sin interrupciones. En 2023, este programa ya había beneficiado a más de 1.144 estudiantes en 9 municipios, logrando una tasa de tránsito inmediato del 78%, muy por encima del promedio nacional. Este logro no solo refleja el éxito del programa, sino que también subraya la importancia de eliminar las brechas que existen entre los diferentes niveles educativos.

Transformación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad: Garantizando una Educación de Alta Calidad

La transformación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, regulada por el Decreto 0529 de 2024, es esencial para garantizar que la expansión de la cobertura educativa no vaya en detrimento de la calidad. Esta reforma promueve la autonomía institucional y asegura una oferta académica pertinente y diversa, adaptada a las necesidades del país. Con este nuevo sistema, se busca que la educación superior en Colombia no solo sea accesible para todos, sino que también sea de alta calidad, formando profesionales competentes y preparados para enfrentar los desafíos del futuro.

Un Sistema Educativo Integral, Incluyente, Intercultural y Antirracista: Hacia una Sociedad Más Justa

Finalmente, el quinto eje de la reforma se enfoca en la consolidación de un sistema educativo que promueva la diversidad, la equidad y la inclusión. Este enfoque es particularmente relevante en un país como Colombia, donde las desigualdades sociales y las tensiones étnicas han sido un desafío constante. Al priorizar a las poblaciones en zonas rurales y vulnerables, y al diseñar rutas para la creación de procesos educativos propios e interculturales, el gobierno está dando pasos significativos hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Conclusión: La Gratuidad de la Educación Superior como Pilar del Progreso Social

La reforma educativa basada en la Ley 2307 de 2023 es un claro ejemplo de cómo la educación puede ser un mótor de cambio social. Al garantizar la gratuidad de la educación superior y al implementar políticas que promueven la equidad y la inclusión, el gobierno de Gustavo Petro está sentando las bases para un futuro donde todos los jóvenes colombianos tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Esta reforma no solo transforma la educación, sino que también contribuye a la construcción de un país más equitativo y desarrollado.

Buen día muchas gracias.