Por: Web Master

La marcha del 18 de marzo de 2025 será recordada como un grito multitudinario a favor de la dignidad laboral y contra una clase política que ha traicionado sistemáticamente al pueblo colombiano.

Mientras miles de trabajadores, estudiantes y campesinos salieron a las calles para respaldar la reforma laboral, en el Congreso, senadores como Esperanza Andrade votaron en contra de un proyecto que buscaba devolverle derechos básicos a quienes sostienen la economía del país.

En el marco de este suceso, detengámonos en un actor político: Esperanza Andrade. La marcha debe leerse en clave de rechazo a sus decisiones en contrata del bien común.  Su trayectoria política está marcada por el abandono, la corrupción y el saqueo institucional. Los datos y las denuncias no dejan dudas, y es hora de desenmascarar su papel en esta historia.

Esperanza Andrade llegó al Senado en febrero de 2025 tras la renuncia de José Alfredo Marín, pero su historial legislativo ha estado manchado por su desempeño en periodos anteriores. En la legislatura 2020-2021, Andrade fue señalada como una de las congresistas con mayor número de inasistencias: solo asistió a 12 sesiones presenciales, mientras acumuló 128 salidas autorizadas para eventos externos, según el informe “Trabajen vagos” publicado en 2022. Este patrón de ausentismo refleja su desinterés por legislar.

Su voto contra la reforma laboral hace unos días no sorprendió, fue coherente con su historial político. Andrade no representa a todo el pueblo huilense; representa los intereses de un clan político que ha saqueado al departamento durante décadas.

El Clan Andrade, liderado por Hernán Andrade (hermano de Esperanza), es un ejemplo perfecto de cómo las élites políticas han convertido al Huila en su feudo personal. Hernán Andrade ha sido investigado por múltiples escándalos, incluyendo su participación en el “Cartel de la Toga” y el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Pero las prácticas cuestionables del clan no terminan ahí.  La Electrificadora del Huila, una empresa pública clave para el departamento, ha sido utilizada como caja menor para financiar campañas políticas y perpetuar redes clientelistas. Según investigaciones de La Silla Vacía y PARES, bajo el control del Clan Andrade, esta empresa infló su nómina con 1.000 empleados, muchos de ellos familiares o aliados políticos.

Además, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló cargos contra la Electrificadora por prácticas anticompetitivas en procesos de contratación, incluyendo restricciones a la libre competencia y cobros indebidos a proponentes.

El uso político de esta empresa quedó evidenciado en 2019, cuando se denunció que facturas oficiales incluían publicidad electoral para candidatos afines al clan (Cuestión Pública).

Mientras el Huila enfrenta pobreza multidimensional del 32.4% (DANE, 2024), Jhon Jairo Andrade (otro miembro del clan) obtiene contratos públicos por $37.170.000 entre 2020 y 2023 (Investigación de Cuestión Pública)

La reforma laboral propuesta por el gobierno buscaba corregir décadas de precarización laboral mediante medidas como la eliminación de contratos abusivos “por obra o labor”, indemnizaciones justas por despido injustificado y la reducción progresiva de la jornada laboral, cambio en la jornada nocturna que iniciaría a las 7:00 p.m., el pago de dominicales y festivos al 100 %, y, una de las claves, el reconocimiento del 100 % del salario mínimo a los aprendices del SENA, los cuales, en su gran mayoría, provienen de familias de e                                                                                                                                                                                   scasos recursos.

Sin embargo, senadores como Andrade argumentaron que esta reforma “aumentaría la informalidad” y “afectaría la productividad empresarial”. Estas afirmaciones son falsas y contradicen estudios serios.  Un análisis de Fedesarrollo sobre la Ley 789 de 2002 (que redujo derechos laborales) concluyó que dicha reforma generó apenas 49.250 empleos formales en cuatro años, demostrando que abaratar costos laborales no fomenta necesariamente más empleo.

Países con legislaciones laborales más protectoras –como Alemania– tienen tasas de desempleo significativamente más bajas (3.2 % frente al 9.7 % en Colombia, según la OIT). Además, el 40 % de los trabajadores colombianos son informales (DANE, 2025), precisamente porque carecen de las protecciones que esta reforma buscaba garantizar.

Cuando un político dice 'defender el empleo', preguntémonos ¿empleo para quién? ¿Para los trabajadores o para los empleadores? Es por esta razón, que el sector público es el más apetecido, porque en el sector privado no hay garantías dignas de trabajo.

Mientras Andrade hundía la reforma desde un hemiciclo semivacío, millones de personas marchaban en las calles del país. Esta movilización fue parte de un movimiento nacional en el que sindicatos, estudiantes e indígenas exigieron dignidad laboral.

La marcha no fue solo un respaldo al gobierno; fue un rechazo contundente a una clase política corrupta que ha traicionado sistemáticamente al pueblo.

Las consignas resonaron con fuerza: “No somos el Huila de los Andrade: somos el Huila del trabajo digno”. Una frase encapsula un sentimiento colectivo contra décadas de clientelismo y nepotismo que han frenado el desarrollo del departamento.

El archivo de la reforma laboral no es solo un golpe a los derechos laborales; es una traición histórica perpetrada por políticos como Esperanza Andrade. Su voto no defendió a los empresarios ni protegió empleos; defendió un sistema donde clanes familiares como el suyo prosperan mientras los trabajadores luchan por sobrevivir.

“La dignidad laboral no se negocia: se arranca con la fuerza del pueblo organizado”. La marcha del 18M marcó un antes y un después en esta lucha. El pueblo habló; ahora le corresponde a Colombia decidir si seguirá siendo rehén de clanes corruptos o si avanzará hacia un futuro más justo y equitativo.