Por: Admin

La Amazonía colombiana es uno de los sistemas ecológicos más complejos e interdependientes del planeta. Su selva húmeda, sus sabanas, su red hídrica y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical alimentan no solo a los grandes ríos de la región, sino que sostienen, literalmente, el ciclo del agua que irriga el corazón agrícola, urbano e industrial de Colombia. No es exagerado decir que de su estado de conservación depende el acceso al agua potable y la seguridad hídrica de millones de personas desde el Huila hasta Cundinamarca. Sin embargo, ese equilibrio está hoy gravemente amenazado.

Uno de los principales vectores de esta amenaza es la expansión acelerada de la frontera agropecuaria mediante la deforestación de bosques para convertirlos en praderas ganaderas, un fenómeno asociado directamente al acaparamiento de tierras.

Por eso, en el día nacional del Campesinado se hace necesario recordar que esta dinámica, lejos de ser espontánea, responde a una herencia estructural del modelo de ocupación territorial en Colombia.La Amazonía ha sido históricamente un espacio de descarga de los conflictos irresueltos del centro del país relacionados con el problema agrario: la tierra improductiva no se expropió, la reforma agraria se frustró, y la solución fue dirigir la presión hacia los “territorios nacionales” mediante políticas de colonización dirigida.

En las décadas del siglo XX, el Estado entregó baldíos a empresas ganaderas bajo la promesa de apertura de trochas y ocupación productiva. Posteriormente, miles de campesinos llegaron buscando una parcela y una oportunidad, en muchos casos desplazados por la violencia o la exclusión en otras regiones. A falta de políticas de formalización, servicios públicos o presencia estatal efectiva, la selva fue convertida en pasto como única forma de demostrar “uso productivo” y aspirar a la tenencia de la tierra. Así se consolidó un modelo en el que el derecho a la tierra se fundaba en la deforestación.

Hoy, este modelo se expresa en la transformación masiva de bosques amazónicos en praderas, muchas veces financiada por grandes capitales interesados en acaparar tierras con la excusa de la ganadería extensiva, práctica que poco aporta al desarrollo regional, pero sí genera altos impactos socioambientales. El caso del Parque Nacional Natural Serranía del Chibiriquete y sus zonas de amortiguación lo evidencia con claridad: mientras los cultivos de coca disminuyen, el inventario bovino se dispara, y con él, los índices de deforestación

Esta deforestación no es solo un problema ecológico. Es una bomba de tiempo hídrica y climática. La pérdida de cubierta boscosa altera los ciclos de evotranspiración, reduce la humedad atmosférica y compromete el funcionamiento de los “ríos voladores” que transportan agua desde la Amazonía hasta los Andes. Sin estos flujos, los páramos, subcuencas y nacimientos de agua que alimentan a ciudades como Bogotá o Neiva podrían entrar en crisis. En otras palabras, el destino hídrico del centro del país está amarrado al futuro de los bosques amazónicos.

Se requiere una reforma profunda del ordenamiento territorial rural, que reconozca y articule los saberes, prácticas y aspiraciones de las comunidades campesinas e indígenas. Es necesario pasar de un modelo extractivo e improvisado a uno planificado y participativo que armonice la ocupación del territorio con la conservación del ciclo del agua.

Esto implica, entre otras cosas, avanzar en la formalización de la propiedad rural bajo criterios de sostenibilidad, implementar prácticas agroecológicas, fortalecer las Zonas de Reserva Campesina y los procesos de economía forestal, crear incentivos para el uso responsable del suelo y establecer límites claros a la expansión ganadera. También exige una visión nacional: entender que el agua que usamos en las ciudades depende de decisiones que se tomen hoy en los bordes de la Amazonía.

Sin campesinos, sin bosques, sin agua, simplemente no hay maiz y sin maiz no hay pais.