Semana Movida en Neiva.

Esta semana que finaliza el mes de abril estuvo bastante movida en Neiva. Esta semana pudimos observar como la administración municipal sufrió un remezón de gran calibre por un proceso judicial.

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Si bien muchas veces se generan dudas acerca de la función y utilidad que tienen los entes de control, esta vez podemos observar que al menos cumplen con la tarea mínima de investigar en algunos casos. Esta semana que culmina se pudo observar y se vio en los medios de comunicación cómo el Alcalde de Neiva junto con otras personas se vieron sometidas a una investigación penal de iniciativa de la Fiscalía General de la Nación.

 

Ahora bien, si bien es cierto que dicho contrato por el cual investigan a los hoy imputados generar mucha incertidumbre y dudas, se debe hacer la salvedad que per se a ser imputados no quiere decir que sean culpables, recordemos que la Constitución Política de Colombia y el sistema penal colombiano vela por la presunción de inocencia. Por otro lado, lo que sí es cierto es que mediante dicha investigación, independiente de lo que creamos los ciudadanos que estamos pendientes de la administración municipal y busquemos hacer control ciudadano, esta investigación servirá para esclarecer los hechos acontecidos en dicha relación contractual del plan de alimentación escolar -PAE- con el Charco Nariño. 

 

De igual manera, independiente del resultado el cual concluya la investigación penal al Alcalde Gorky Muñoz y los demás imputados, es claro que para la democracia el solo hecho de ser tan cuestionados y que un proceso judicial logre avanzar tanto al punto de que la Fiscalía se plantee solicitar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario afecta gravemente la democracia. Este proceso es una clara representación de la política actual en Colombia y su degradación.

 

En Colombia un país lleno de desigualdades, problemas de seguridad y en muchos casos falta de oportunidades es inaudito que si quiera se esté indagando sobre la contratación de la comida de los menores más necesitados. La realidad de la situación de Colombia debería  generar la obligación de que el tipo de contratos como el PAE fueran completamente transparentes y de beneficio completo para la comunidad. Ojala se logre que la investigación logre dar un resultado contundente en beneficio de la democracia, pero además en beneficio de toda la sociedad quien tendrá la oportunidad de ver en qué y cómo se están gastando el erario público. 

 

En conclusión, encontramos que si bien es cierto esta investigación nos servirá a la ciudadanía para tener tranquilidad con respecto a contratos tan importantes como el PAE, es claro que no debe haber ni la más mínima duda sobre la relación contractual que se configura en este tipo de actividades. 

 

Como dice el dicho a cada marrano le llega su San Pedro, en este caso al Alcalde le llegó la hora de responder ante la justicia y ante toda la ciudadanía para que tenga la ciudad claridad sobre lo que de verdad paso en ese contrato donde traían mercados de un municipio al cual toca acceder en lancha. Dios permita se logre saber toda la verdad en beneficio de la administración y en beneficio sobre todo de la ciudadanía y los más necesitados.