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Opinión

¿Qué pasó con la rectora de la USCO?

Algunas personas desconocen el contenido del fallo que nulita el nombramiento de la profesora Nidia Guzmán Durán como rectora de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018- 2022, por lo cual es necesario hacer algunas precisiones.

¿Qué
columnista Por: Administrator 03 Nov 2019

En primer lugar, la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado deja sin efectos jurídicos la resolución 020 del 04 de octubre de 2018, por medio de la cual se nombra a la rectora y se le concede una comisión, esto es cierto, pero hay que aclarar que esa consecuencia jurídica obedece a la configuración de una inhabilidad de un integrante del Consejo Superior, descrita en el inciso 2 del artículo 126 de la Constitución.

Este servidor público (Decano) sujeto activo de la conducta, participa en el proceso de postulación para un cargo público, cuando interviene en la conformación de la terna donde quedó incluida la docente, por lo que si el Decano no hubiera votado, pues sencillamente la rectora continuaría en su cargo. 

Entonces, al configurarse la prohibición constitucional por parte del Representante de los Decanos al Superior, tal impedimento vicia el proceso de ahí en adelante y produce la anulación de los efectos legales del acto administrativo arriba mencionado.

Pero qué es lo curioso? Sobre esta inhabilidad la misma Sección ha tomado postura ocho veces, cuatro decisiones antes de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015, conocido como “equilibrio de poderes y reajuste institucional”, el cual quiso en esencia eliminar la reelección presidencial y evitar la injerencia de las ramas del poder público una sobre la otra, o, entre una de las ramas y algún órgano de control a través del intercambio de favores mediante nombramientos.

Posterior a este Acto Legislativo que incluyó la reforma del inciso 2 de la norma constitucional, se han decidido cuatro demandas sobre casos de rectores de universidades públicas, quienes ostentando tal dignidad han querido reelegirse. Ahí es donde viene el bendito problema.

 

Un rector al nombrar a dedo a directivos y Decanos como ocurre en varias universidades públicas del país, entre ellas, la del Colegio Mayor de Cundinamarca, uno de los referentes para que los Magistrados tomaran la decisión en el caso de la USCO, estos funcionarios postulados o nombrados terminan interviniendo en la postulación o nombramiento para un segundo periodo del rector, sujeto activo de la prohibición. Nada más parecido a un intercambio de favores, el conocido “yo te elijo, tú me eliges”.

Pero en la USCO la norma fue aplicada de forma diferente. De acuerdo a un Concepto de la Función Pública dado a conocer por Ámbito Jurídico el pasado 13 de febrero de 2019 y a la Sentencia C – 380 de 1997 de la Corte Constitucional, la restricción del artículo 126 se aplica al servidor público que ostente la calidad de nominador, en el caso de las universidades, a los rectores. En resumen, si se hubiera configurado de igual manera el impedimento en la USCO que en las otras cuatro universidades, a la Rectora Nidia Guzmán, le habría quedado prohibido  postular o nombrar como servidor público a los que hubieran intervenido en su designación como rectora, como quien dice, si ella hubiera nombrado o postulado a alguno de sus electores (Consejeros del Superior), para un cargo dentro de la Universidad o algún familiar de estos en los grados de consanguineidad, afinidad o civil que establece la norma, allí sí se hubiera configurado el impedimento constitucional y ahí sí se afirmaría que la inhabilitada era ella. Sin embargo en la USCO no ocurrió así. En este caso, se le atribuye la restricción a un Decano que si bien posee la condición de servidor público, no tiene la potestad de hacer nombramientos, y si los hiciera por el hecho de ser parte de un cuerpo colegiado como el Superior, tendría que devolver el favor a la persona o instancia institucional que lo nombró para el cargo de Decano, en el caso analizado, claramente no fue la Rectora.

En conclusión, a la docente Nidia le aplicaron al revés el artículo 126, y mediante una interpretación extensiva y ampliada quisieron equiparar la delegación ante el Consejo Superior a un nombramiento o cargo público, porque si así fuera, entonces significaría que varios consejeros en este momento tendrían doble calidad de servidores públicos, la primera, por su condición de empleo original, y la segunda, por su representación ante el Consejo Superior, lo que sería tanto como afirmar que por ser elegidos representantes, se anularía automáticamente su primer nombramiento, lo cual es absolutamente incorrecto.

O peor aún, significaría que quienes No ostentan la calidad de servidores públicos, como el representante de los estudiantes al Superior, por su sola designación ante esta instancia, adquiriera tal calidad, lo cual tampoco es cierto.

Es imperativo entonces aclararle a la opinión pública que la docente cumplió y cumple con los requisitos legales y estatutarios para presentar de nuevo su hoja de vida ante la comunidad académica, y que lo que algunos han vendido como una irregularidad e ilegalidad por parte de ella, es a todas luces un problema de interpretación jurídica y aplicación equivocada de la norma.


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