Por: Admin

Recientemente la Corte Constitucional en una sentencia originada  en 120 acciones de tutela, le dio la razón  a los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes desde el 2023 habían solicitado a todas las diócesis y comunidades religiosas de Colombia, datos sobre sacerdotes o funcionarios de la Iglesia, para conocer cuántos habían sido denunciados por casos de  violencia sexual  contra niños, niñas y adolescentes; ordenándole abrir sus archivos  y entregar información sobre casos de pederastia, una auténtica plaga que la ha  afectado no solo en nuestro país, sino a nivel orbital y  ha erosionado gravemente su credibilidad  por casos ya resueltos donde ha tenido que pagar cuantiosas indemnizaciones a sus víctimas  como ocurrió con  la iglesia de Boston en los Estados Unidos, donde tuvo que pagar 700 millones de dólares.

Y es que además de abrir los archivos, la Corte en su fallo ordena a la Iglesia que entregue información sobre si las denuncias habían sido conocidas por la Fiscalía, o si había tomado o no medidas disciplinarias contra los denunciados, por cuanto la Iglesia se negaba a entregar la información, o en el mejor de los casos respondía de manera incompleta o falsa a las peticiones, amparándose en que los datos estaban protegidos por el secreto pontificio, cuando se sabe que  estos crímenes de pederastia han sido cubiertos por el manto del encubrimiento y la complicidad desde el mismo Vaticano, por Papas anteriores al fallecido Francisco, que ante la magnitud de la plaga decidió meterle la mano, y  que ojalá el nuevo papa León XIV continúe en el propósito de verdad y  reparación.

Porque en  la Iglesia de nuestro país, actualmente se adelanta un macrocaso que investiga la Fiscalía por más de 600 casos de pederastia demostrativo del contagio de la siniestra epidemia, y por eso resulta inconsecuente frente a la sentencia de la Corte, que la Iglesia haya salido a descalificarla y tergiversarla poniendo en duda su cumplimiento a través de su jerarquía como el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Gabriel Ángel Villa, afirmando que había una “mala fe” contra los sacerdotes tratándolos como delincuentes, que por supuesto nada de eso ha  dicho, y que de no cumplirse generará incidentes de desacato para que se cumpla inexorablemente y no haya más encubrimiento de esta peste en beneficio de la Iglesia Católica y de la fe de su rebaño.