Por: Kevin Web

La realidad de hoy es que los acuerdos de paz se han mantenido a pesar del perezoso reposo en el que los puso Iván Duque tratando de hacerlos trizas. Pero ese mismo periodo de tiempo en el que congelaron su implementación, los llevó a parecerse menos a las formas literarias del realismo mágico del nobel colombiano utilizadas por Santos y Timoshenko en las ceremonias de las firmas de los acuerdos y más a la expresión furiosa de uno de los manifestantes a favor del no en el plebiscito por la paz del 2016, que resultó además ser profética: “Plomo es lo que viene, plomo es lo que hay”.

Y plomo es lo que ha habido y plomo es lo que hay en el Cauca, en la Amazonía y en el Catatumbo. 

A esa encrucijada del alma es la que se tiene que enfrentar el primer gobierno de izquierda en Colombia, a que de momento los pronósticos de una paz dialogada no sean alentadores. Sin embargo, hay que reconocerle al presidente Petro que haya puesto el debate sobre los efectos de la política prohibicionista contra las drogas y la economía basada en combustibles fósiles que tanto tienen que ver con los problemas de seguridad y marginalidad de estos territorios.

Este por ejemplo debería ser el debate de una población como la del Catatumbo, acorralada en una de las mayores crisis humanitarias de los últimos años en Colombia debido a la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control de esta región estratégica. 

La geografía montañosa y selvática de este territorio, su cercanía con la frontera venezolana y la incapacidad del estado para ofrecer soluciones a su población le han ofrecido históricamente a la economía de la guerra, en este lugar, una retaguardia para encadenar economías como la cocalera, el contrabando, la extorción y la industria de los hidrocarburos. Este encadenamiento localizado en el circuito urbano regional del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, se caracteriza por que la fuga de capitales lícitos e ilícitos se dirigen hacia centros urbanos más cercanos o hacia mercados internacionales como la Bolsa de valores de Nueva York y Canadá, donde cotizan las empresas petroleras, o la ruta de la cocaína en el Caribe a través del estado de Zulia.

Los llamados recientes a reactivar la industria petrolera en el norte del Huila y la aprobación de la licencia ambiental que le otorgó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales a la canadiense Parex Roesources para el área de desarrollo VSM-37 deberían advertirnos sobre los riesgos que esto implica para las opitas.

No solo por los pasivos ambientales que puedan llegar a representar la afectación a los acuíferos superficiales y subterráneos y al paisaje, sino porque las rentas petroleras servirían de estímulo para que una disputa que ya está más que cantada entre los calarca, los mordisco y quien sabe cuántos más, se libre sin cuartel en el norte del Huila debido a que este circuito urbano – regional ofrecería la oportunidad para encadenar capitales legales e ilegales que circulan entre la Amazonía, la Orinoquia y el departamento del Huila. 

Los 483.119 km² y 310.000 km² que existen pasando la cordillera oriental en la Amazonía y la Orinoquía colombiana les ofrecen a estos grupos una amplia ruta de escape que aprovecharán para pedir su parte de la explotación petrolera apenas empiece la operación.

A riesgo de que la contraprestación sea que estos municipios terminen igualando en desarrollo a Guacirco, Tibú o el mismo Fortalecillas donde gracias al extractivismo ya no se siembra ni una mata de yuca prefiero apostarle a que el estado utilice la autoridad que tiene para proteger y potenciar la capacidad laboriosa de productores locales, asociaciones, cooperativas y al potencial del circuito turístico y agropecuario del norte del Huila.El desierto de la Tatacoa y el agua de esta región es su verdadera riqueza.

Háganle caso a la gente gobernador Rodrigo Villalba y alcalde German Casagua. Agua si petróleo no.