En medio de un mundo azotado por el cambio climático, la especulación de precios y la amenaza constante de escasez alimentaria, resurgen con fuerza las antiguas enseñanzas de la Biblia, más vigentes que nunca para los pueblos que hoy luchan por garantizar el sustento de sus hijos. El relato de Josué –llamado también José el soñador–, narrado en el libro del Génesis, no es simplemente una historia de fe, sino una poderosa lección de planeación, previsión y soberanía alimentaria.

Cuando el faraón de Egipto soñó con siete vacas gordas seguidas de siete vacas flacas, y siete espigas llenas seguidas de siete espigas marchitas, fue Josué quien, iluminado por la sabiduría de Dios, interpretó aquel presagio: siete años de abundancia serían seguidos por siete años de escasez y hambruna. Ante tal revelación, Egipto no cayó en la pasividad. Josué propuso un plan que salvó a su pueblo: construir graneros, almacenar los excedentes de la cosecha, preservar el fruto de la tierra con orden y justicia, y así sostener la vida durante los tiempos de carestía.

Hoy, en pleno siglo XXI, Colombia atraviesa su propio momento decisivo. En medio de una profunda crisis climática, con lluvias desbordadas en unos departamentos y sequías prolongadas en otros, con el abandono histórico del campo y el desmonte del IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario) y la liquidación de los ferrocarriles nacionales, se hace urgente adoptar un nuevo modelo de gestión alimentaria. Esta vez, el llamado profético no viene en forma de sueño, sino de ciencia y tecnología: se trata de la instalación de plantas liofilizadoras para conservar los alimentos sin perder sus propiedades nutritivas, alargando su vida útil y asegurando su disponibilidad en tiempos difíciles.

La liofilización, proceso moderno que retira el agua de los alimentos por congelación al vacío, nos permite almacenar productos agrícolas, pecuarios y pesqueros durante años sin que se deterioren. Es la versión tecnológica de los antiguos graneros de Josué, pero adaptada a una realidad donde la logística, los mercados globales y el cambio climático exigen eficiencia e innovación.

Este camino de previsión no sólo asegura el alimento del presente, sino que evita el acaparamiento, estabiliza los precios y protege al productor campesino frente a la volatilidad del mercado. Además, contribuye a la soberanía alimentaria, pues permite que la producción nacional sea conservada, distribuida y consumida por el propio pueblo colombiano.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha propuesto modelos alternativos como ANA (Alianza Nacional Agroalimentaria), bajo la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que tendrá como misión comprar, acopiar, transformar y comercializar alimentos en condiciones mayoristas. Esta estrategia representa una esperanza concreta para miles de productores, especialmente para los arroceros, quienes hoy atraviesan una profunda crisis debido al control que ejercen los grandes molineros sobre el mercado. Estas empresas, con su poder de fijar precios de compra por debajo de los costos de producción, han llevado a los cultivadores a operar con pérdidas, sin importarles las consecuencias para el agro colombiano. Con el programa ANA, el Estado podrá intervenir para garantizar precios justos y sostenibles, rompiendo la cadena de abuso y devolviendo la dignidad a quienes siembran el arroz que alimenta a millones. Además, esta gran red mayorista se complementará con las llamadas Anitas, réplicas locales del modelo, que funcionarán como centros de abastecimiento minorista orientados a los sectores populares. La visión es clara: democratizar el acceso a los alimentos, proteger al productor nacional y evitar que Colombia siga cayendo en el abismo de la dependencia alimentaria. Pero para que este modelo sea exitoso, se requiere infraestructura adecuada, personal capacitado y, sobre todo, un compromiso político firme con la justicia alimentaria.

Como dice el libro del Eclesiastés: “Para todo hay un tiempo bajo el cielo… tiempo de sembrar, y tiempo de recoger”. Hoy, el tiempo es de prever. Para que mañana, cuando vengan las vacas flacas, haya pan en cada mesa.

La palabra ahora la tiene la Agencia de Desarrollo Rural, para que informe con claridad al pueblo colombiano —y especialmente a los campesinos de las regiones más apartadas— cómo avanza la implementación de este proyecto estratégico, desde la cadena productiva hasta la comercialización justa.

Como reflexión final, es preciso afirmar que el programa ANA, si se implementa con responsabilidad y decisión, puede convertirse en la nueva política de seguridad alimentaria del país, sustituyendo el vacío que dejó el IDEMA. Debe trascender cualquier cálculo electoral o improvisación administrativa, y consolidarse como una estructura permanente del Estado colombiano. En tiempos donde el hambre avanza silenciosamente en muchas regiones, es inaceptable continuar dependiendo de los intermediarios privados que manipulan los precios a su antojo. Colombia necesita volver al espíritu de Josué: escuchar los sueños que anticipan la crisis, y actuar con sabiduría, previsión y justicia social. Porque prevenir el hambre es, sin duda, una forma sagrada de construir paz.