Sin duda, la injusticia social es el peor de los azotes entre muchos que tiene nuestro país, donde se cacarea tanto la vigencia de un Estado social de derecho, que dista mucho  de ser realidad y se origina fundamentalmente en la monstruosa desigualdad  que nos avergüenza ante el mundo, como que somos medalla de bronce en el ranking mundial, teniendo tanta riqueza de todo orden , pero concentrada en muy pocas manos y con la clase política más insensible, corrupta y depredadora del planeta, agregada a un enjambre de causas, como la corrupción, la discriminación, la violencia de género, el conflicto armado, la concentración de la tierra, la violencia escolar, la falta de oportunidades para el trabajo, la injusticia ambiental y la falta de acceso a la justicia entre las principales. Mejor dicho, todo lo contrario, a la justicia social que debía primar en el Estado social de derecho.

Y por razones de espacio me voy a referir a la última causa de las mencionadas, o sea, a la falta de justicia: en su manifestación de justicia tarda y costosa y no pocas veces corrupta donde campea la impunidad y la justicia selectiva, y a la falta de sensibilidad y preparación de algunos jueces en principios constitucionales y derechos fundamentales, especialmente en protección de derechos laborales, que son desconocidos muchas veces en sentencias que no obedecen  al concepto de sentir de los jueces para hacer justicia social y no simplemente judicial, por lo que terminan quebrantando gravemente los derechos de los trabajadores.

Para muestra un botón: lo sucedido con una docente de la Secretaría de Educación de Neiva, que fue desvinculada de su cargo, no obstante tener derecho a protección reforzada como trabajadora al ser madre cabeza de familia y graves problemas de salud, lo mismo que su menor hijo, y sin embargo no fueron amparados sus derechos fundamentales por los jueces  en dos instancias, teniendo que intervenir la Corte Constitucional para que se hiciera justicia social, recordándole a estos jueces insensibles revocando  sus fallos, que no se deben conformar con emitir meras sentencias al hacer justicia judicial, sino también social protegiendo los derechos de los trabajadores en estado de vulnerabilidad para que tengamos un auténtico Estado social de derecho y no diseñado en el papel, porque los fallos injustos socialmente no generan concordia y paz, sino violencia agudizando nuestra tragedia  de ser groseramente terceros en desigualdad en el mundo.