La cita que nunca fue: una falla silenciosa en la salud pública

Responsabilidad compartida: Los ciudadanos no solo tienen derechos, sino también deberes frente a su salud, frente a las EPS, a el personal médico y a las instituciones sanitarias. Las largas listas de espera agravan enfermedades y, en casos extremos, pueden provocar muertes por falta de atención oportuna. La inasistencia a las citas programadas es un acto egoísta que afecta directamente a otros usuarios y debilita el sistema de salud.

En una región donde obtener atención médica suele requerir semanas de espera, resulta paradójico que miles de pacientes simplemente no acudan a sus citas. Lo hacen en silencio, sin previo aviso, como si no pasara nada. Pero sí pasa: el sistema se resiente, los recursos se desperdician y otros pacientes, quizás más urgentes, quedan sin atención.

Este fenómeno no es menor. En el Hospital San Antonio de Padua de La Plata, Huila, 2.786 personas faltaron durante el primer semestre del año sin cancelar. Un número igual llamaron a cancelar, pero La mitad de quienes sí lo hicieron avisaron demasiado tarde, impidiendo la reasignación del turno. Las pérdidas económicas superan los $500.000 anuales, sin contar a la ESE San Sebastián y otras instituciones, y, el daño va mucho más allá del dinero.

Cada cita perdida es una oportunidad frustrada: un diagnóstico que se posterga, una enfermedad que avanza, una lista de espera que se alarga. El personal médico y administrativo enfrenta el vacío de una atención que nunca ocurre, mientras el sistema invierte tiempo y recursos en reorganizar lo que no debió romperse.

Las causas —olvido, desinterés, problemas logísticos o temor al diagnóstico— pueden ser comprensibles, pero no justifican la indiferencia. Lo que muchos no ven es el efecto dominó: un turno desperdiciado es un tratamiento aplazado para alguien más. ¿Y si ese alguien fuera su madre, su hijo, o usted mismo en otro momento?

Aunque los recordatorios por llamadas, WhatsApp y mensaje han reducido ligeramente las ausencias, persiste un vacío institucional: no hay consecuencias reales para quien no asista. Esta impunidad silenciosa erosiona el compromiso social y la ética ciudadana.

No podemos seguir normalizando esta conducta. Cancelar una cita no es un favor, es un deber. Es un gesto de respeto por la salud pública, por el trabajo de los profesionales y por la necesidad de otros pacientes. La no correcta inversión de los recursos públicos, lo convierte en parte de la corrupción.

Como sociedad exigimos más cobertura y menos esperas, pero olvidamos que parte del problema está en nosotros. La cita que no atendemos es una oportunidad que le negamos a otro. Actuar con responsabilidad es el primer paso para transformar un sistema que también depende de nuestra conducta.