Parece que en este país Meca de la corrupción política y de todo orden, y de la soberanía de la impunidad que hace prácticamente imposible siquiera paliar ese reinado maléfico que estimula la corrupción política como cáncer metastásico, como que estos crímenes que son miríada, especialmente los de gran impacto como el caso de los sobornos a los concejales de Neiva para elegir Contralor y Personera, donde en el 2016 se hizo una  vergonzosa redada sin antecedentes en la región y creo que en el mundo, que cobijó 10 concejales y otros 4 empleados públicos, lo que campea es la justicia selectiva para generar impunidad, por cuenta de los abogados más eficientes que tenemos para defender malandrines de esta laya que son los doctores en propiciar impunidad: vencimiento de términos y prescripción, ya suficientemente conocidos por la opinión pública

Y es que no puede ser posible que el cerebro de los sobornos, conocido de autos como “el hombre del maletín” Rened Cantillo, por haber aportado los recursos atosigados para comprar concejales y  quien fuera capturado en su oportunidad, esté libre de polvo y paja en materia judicial  por el éxito rotundo del abogado prescripción, lo mismo que otros involucrados como el médico Luis Antonio Medina -nada menos que el coordinador de los oscuros concursos para escoger Contralor y Personera, y el ex contralor Hildebrand Perdomo y la ex personera Heidy Lorena Sánchez, agraciados también por el eficiente abogado de marras en complicidad por supuesto con la justicia tarda y la misma Fiscalía y Procuraduría que ni siquiera impugnaron  las decisiones favorecedoras de la impunidad, según lo relatara en  una completa crónica el investigador periodístico Ricardo Areiza en La Nación.

Y para colmo de males de la lucha contra la corrupción política,  que así la tenemos totalmente  perdida por cuenta de los referidos abogados y la inoperancia de la justicia, en la Procuraduría los procesos disciplinarios  fueron archivados por haber operado la caducidad de la acción disciplinaria contra la percha de vitandos concejales proclives al soborno, que hace imperativo que haya una reforma al régimen penal y disciplinario para que no haya prescripción ni caducidad en esta clase de crímenes contra la administración pública, y los jueces que no los resuelvan oportunamente respondan hasta con la pérdida del empleo para no seguir fomentando la corrupción política por cuenta de la impunidad.