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Gobierno y sociedad sin reacción al estado autoritario

El problema está en que las expresiones de dolor e indignación que les produce cada injusticia o MASACRE cada hecho de violencia no logran cruzar el umbral de las preocupaciones públicas.

Gobierno
Por: Germán Gutiérrez 16 Sept 2020

Por: Germán Gutiérrez

16 Sept 2020

 

Los colombianos no logran constituir una razón (social o política) común que trascienda lo inmediato o la defensa de los intereses personales. Ni mucho menos promover una organización que les imponga la obligación moral de convertirse en parte de una causa, o les cree la necesidad de movilizarse al terreno político, que es donde pueden exigir responsabilidades y respuestas inmediatas pero este gobierno es indolente y además autócrata que no le importa la sociedad colombiana, nos estamos matando comenzando por los que deben protegernos que son la policía y fuerzas armadas, el ministro de defensa debe renunciar por los costos en vidas humanas que esto genera. 

Pero no solamente se trata de un problema moral. O, más precisamente, de que la indignación colectiva frente a asesinatos de grupos insurgentes o narcoterroristas sea desatada por sentimientos morales. También (y sobre todo) se trata de un problema político e institucional: los colombianos deben expresar su indignación porque esos asesinatos (como las masacres en toda la geografía colombiana y el terrorismo de Estado) implican no solo un desprecio total por los derechos de las personas, sino la transgresión de las reglas, incluso las de la guerra.

Por eso, para comenzar a encontrar salidas, hay que aceptar que la colombiana es una sociedad en la que los individuos no se sienten comprometidos con las normas o las instituciones. Las aceptan porque les pueden resultar convenientes o les evitan problemas. Es la característica que hace que gobernantes y gobernados se muevan buscando su propio beneficio y en defensa de sus propios intereses. Que no tengan un referente colectivo capaz de movilizar a unos y otros, independientemente de sus intereses. Que frente a un problema trascendente, cada uno busca la victoria, pero no una solución. Es el particularismo, en el que el ejercicio de la ciudadanía es desplazado por los sistemas de favores, en donde el gobernante solo gobierna a condición de que entregue al gobernado lo que este le ha demandado. No importa qué digan las normas o cuántas limitaciones tengan las instituciones. Mientras no se quiebre ese particularismo, los partidos políticos no podrán constituirse en vehículos de movilización de los intereses ciudadanos, además los políticos elegidos ganan sueldo grandes y no ayudan a la solución de las problemáticas y se convierte en el problema por eso queremos un representante en el congreso por cada departamento; las protestas sociales no encontrarán otras vías que las de los hechos (invasiones de predios, tomas de instalaciones, bloqueos de vías, marchas, huelgas de hambre) para hacer valer sus reivindicaciones, que el derecho de huelga no alcanza a asegurar; y la violencia política seguirá imponiendo la ley del más fuerte como principio básico de la organización social en muchas regiones del país.

Qué paradoja. El asesinato y masacre de líderes, indígenas y jóvenes, que seguramente están alimentando sus carreras políticas de ese particularismo politiquero, es el que ahora está obligando a todos a pensar en la necesidad de movilizarse más allá de los intereses particulares. Está forzando la exigencia de retomar el ejercicio de la ciudadanía como una forma explícita de asumir un compromiso con las normas y las instituciones, Un compromiso que comienza con un llamado a la movilización ciudadana frente al desenfreno de los actores armados y la responsabilidad que debe tener el Gobierno. Hay que movilizarse, porque alguien debe exigir el respeto de las reglas de juego, incluso las de la guerra, que también deben ser respetadas.

 

 

 

 


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