Ex gobernador Lozada indujo a despidos de Licorsa y la Nación debe indemnizar a los afectados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Admitió una demanda contra el Estado colombiano por el despido masivo de trabajadores de la Licorera del Huila en 1997, ordenado judicialmente y nunca se cumplió.

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El pleito laboral desatado hace 23 años con la supresión y liquidación de la Industria Licorera del Huila se dirimirá finalmente en los organismos internacionales, a un que la canciller saliente dilato este proceso.

En un hecho trascendental y sin antecedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) admitió una solicitud de intervención formulada por los trabajadores despedidos en 1997, varios de ellos con fuero sindical. La demanda contra el Estado colombiano fue radicada en el 2011 el argumentando que los trabajadores quedaron judicialmente desprotegidos, al agotarse todos los medios internos para que se cumpliera con una orden judicial que dispuso su reintegro.

A pesar de haber agotado todas las instancias, la decisión judicial nunca se cumplió, lo que en su criterio, configuraría, una desprotección judicial, además de las violaciones laborales que se presentaron antes y después de la liquidación. Después de nueve años, la demanda prosperó y se ordenó el trámite y el proceso quedó radicado e identificado como el Caso No. 13.922.

En Colombia se está acudiendo a este organismo internacional porque las IAS, están manipuladas por el gobierno central y sus interés, este órgano es adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), le fijó a las partes un término de cuatro meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de seis meses, para que presenten las observaciones adicionales a las reclamaciones de fondo. Estos plazos son improrrogables, según la reglamentación interna del organismo.

Los trabajadores huilenses no descartaron un eventual acuerdo conciliatorio. “La indemnización podría ser el pago de la pensión de jubilación para todos los trabajadores a partir de la fecha del despido o el pago de los salarios y prestaciones y cotización a la seguridad social hasta la fecha, más una indemnización a acordar entre las partes, además los trabajadores están dispuestos a conciliar siempre y cuando respeten y acaten la conciliación y que no nos pase como en 1997, cuando el gobernador Lozada les engañó, este sr es el padre del actual representante y aspirante a la gobernación del Huila. Uno de los que tiene más fallas de asistencia en la cámara de representantes.

El acta de concertación tiene fuerza vinculante y naturaleza de cosa juzgada. Los trabajadores solicitaron su cumplimiento al Juzgado tercero Laboral del Circuito de Neiva, este juez falló en contra de estos y los condenó a pagar las costas del proceso el 20 de octubre de 2006. El 21 de agosto de 2007 el Tribunal Superior de Neiva confirmó esta decisión en segunda instancia.

Al rehusarse a exigir el cumplimiento de lo pactado en la conciliación laboral, los tribunales vulneraron el derecho de las presuntas víctimas a la protección judicial en conexión con la libertad de asociación sindical, principio de negociación colectiva recogido en convenios de la OIT.

Lo ocurrido fue un ‘engaño’ a los trabajadores pues se modificó la convención colectiva pero el gobierno incumplió lo pactado en la conciliación”, precisa el documento. El afán del gobernador Lozada de liquidar la empresa y despedir a todos los trabajadores, sin importar lo pactado, tenía como motivo su deseo de entregar el monopolio de la producción de licores a una empresa privada propiedad de un allegado el amigo de infancia y socio en varios negocios además  de patrocinador suyo, a quien de hecho le concesionaron esa producción por diez años, reitera la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, En efecto, la industria de licores Global (Licorsa) representada por el empresario Orlando Rojas Bustos, operó durante diez años la concesión de producción, distribución y comercialización de aguardiente Doble Anís además con muchas falencias y con detrimento  de rentas departamentales, que no genera las expectativas que se solicitaban.

De corroborarse como ciertos. Se podrían caracterizar violaciones a las garantías judiciales, libertad de asociación, protección judicial y derechos económicos sociales y culturales contemplados en la Convención Americana, inducidos por Lozada para enriquecer o pagar favores, generando corrupción y esperando que nunca más se vuelva a dar esta situación.