Por: Admin

Ahora que el presidente Petro ha vuelto a plantear la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para preguntarle al pueblo si quiere o no una nueva Constitución con una papeleta, como que el ministro de Justicia Eduardo Montealegre ha precisado que “Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual. Por esa razón, en marzo del próximo año todos los colombianos podrán votar sí o no a una Asamblea Constituyente que rediseñe institucionalmente el país”.

Lo primero que hay que decir, es que tal como se ha planteado la convocatoria, es abiertamente inconstitucional y no se puede comparar con la papeleta que sirvió para convocar la constituyente que dio vida a la Constitución del 91 creando un Estado Social y Democrático de Derecho, pues el artículo 376 de la Carta, estableció los mecanismos para reformarla, que no para cambiarla, que no contempla el procedimiento que ha salido del magín del ministro Montealegre, que incluye gústenos o no, la aprobación de un proyecto de ley por parte del Congreso para que este disponga que el pueblo en votación popular decida  si convoca una Asamblea Constituyente, con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine,  que consagró como lo he dicho, el secuestro del constituyente primario por el secundario, al impedir que se pueda pronunciar.

De acuerdo a lo anterior, la pregunta que se haría al pueblo para que decida si convoca una Asamblea Constituyente sería un desgaste inútil, y si el presidente Petro tiene la voluntad política de que se convoque con efectos reformatorios, debe radicar el proyecto de ley en los términos del citado artículo 376 para que el pueblo presione su aprobación y pueda ser realidad, ya que de lo contrario dicha convocatoria solo se podría considerar como populista y con fines electorales.

Porque lo que hay que cambiar no es la Constitución que creó un Estado Social de Derecho que no se ha podido desarrollar, sino el Congreso vitando que ha impedido que se concrete, y que además tiene secuestrado al pueblo impidiendo que se pronuncie para que contribuya con esa trascendente labor en su beneficio, y la forma de su pronunciamiento poniendo fin al secuestro a que lo sometieron los constituyentes del 91 haciendo imposible el ejercicio de su soberanía.