La noticia no tomó por sorpresa a nadie, si se tiene en cuenta que en el ambiente citadino local, desde el mismísimo momento en que se conocieron los entramados de tales negocios, se consideró un despropósito mayúsculo del alcalde, el haberse sumergido en un CHARCO cochino, para celebrar contratos de emergencia alimentaria en la pandemia, cuando tenía toda una oportunidad y plataforma firme para hacerlo, en su propia tierra, de cara a sus gobernados y en cumplimiento pleno de los principios de planeación, transparencia y moralidad, cuya inobservancia finalmente provocaron su destitución por parte de la procuraduría General de la Nación, que es objeto de apelación, como así lo anuncio el disciplinado alcalde.

Lo grave hoy, no es propiamente la destitución del alcalde, que ya está alistando maletas para irse por la puerta de atrás; lo grave es que la procuraduría General de la Nación, haya esperado tres años y casi el final de su periodo, para adoptar su decisión, a sabiendas de la gravedad del asunto y la desazón que produjo entre los ciudadanos este comportamiento en plena pandemia, que eliminó angustiosamente a millones de seres humanos. La Procuraduría tuvo el tiempo suficiente para haber adoptado oportunamente la decisión que adoptó y no quiso hacerlo. El escándalo fue de tal magnitud que no se necesitaba ser científico de la Nasa, para entender que estábamos ante algo realmente grave, como así lo entendimos con claridad meridiana, todos los ciudadanos de nuestra ciudad capital.

Cómo explica la Procuradora Margarita, la paquidermia y el retraso injustificado que tuvo para adoptar una decisión que no tenía mayores niveles de complejidad, que tanto malestar e indignación causó a los Neivanos, por el proceder del alcalde. Una actuación oportuna y diligente de la Procuraduría, le habría ahorrado al municipio cientos de millones de pesos por el manejo errático y cuestionable de la gestión del alcalde, quien no entendió nunca, que su elección como primera autoridad de la ciudad, le exigían un manejo eficiente y transparente de los recursos del erario y no una oportunidad para feriarlos oscuramente en beneficio propio y sus intereses políticos, que vastos sectores de la ciudad le cuestionan airadamente, y que es la prueba fehaciente de la crisis de valores en que estamos sumergidos como sociedad. A quien medianamente sensato se le ocurre tomar empréstitos en una coyuntura en donde las altísimas tasas de interés aniquilan el más elemental de los análisis costo – beneficio, que condenan a costos financieros exorbitantes a los tomadores de créditos en ésta época de inflación y crisis; solo explicable en mentalidades suicidas o en el hecho irrefutable de que no es el bolsillo del alcalde el que se impacta con esta decisión, sino el de los ciudadanos contribuyentes, encargados de asumir la carga económica de préstamos dirigidos a la politiquería y al bolsillo de un grupúsculo de personas, interesados en devorar los recursos del municipio.  

Las inexplicables demoras de la procuraduría en la instrucción y definición de asuntos como el que nos ocupa, muy seguramente obedece al lobby y “gestiones” de amigos o emisarios de los funcionarios disciplinados, que son una prueba palmaria de la crisis institucional del estado, que tienen postrado como nunca, a esos órganos de control, ante la sociedad colombiana en general, que a gritos pide un cambio  de tercio, para que la Procuraduría, no siga siendo el instrumento y templo de la impunidad, o la entidad que oficia como policía política del régimen que la cooptó a los órganos de control e investigación como la misma Fiscalía General de la Nación, para perseguir a sus opositores y por esa vía blindarse,  frente a investigaciones y condenas futuras, por la oscuridad de sus actos.

Contrasta esta conducta morosa de la procuraduría en casos como el nuestro que se replican en todo el territorio nacional, con la celeridad que la señora procuradora le mete a todos aquellos asuntos en los que tenga intereses por razones de sus vínculos con los clanes que la han promocionado a altas dignidades del estado y la protegen políticamente, como ha quedado en evidencia, durante su paso por la justicia, y ficha del gobierno Duque y sus aliados, como Ministra de Justicia de opacos resultados y como Procuradora General de la Nación en ejercicio. La Procuradora no oculta sus compromisos de grupo; pues cuando quedan en evidencia actuaciones y negociados oscuros de sus protectores, es la primera en moverse con prontitud, para ocultar o desbaratar cualquier dossier de sus amigos en trance de caer en desgracia.