El excluyente modelo de gobierno de la derecha

Con la llegada de la extrema derecha a las instituciones colombianas a través del Centro Democrático, los discursos anti derechos y excluyentes, tienen otra vez cabida en el debate público y son amplificados por los grandes medios de comunicación. 

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Todos los días se desprecia más los derechos fundamentales y se pisotea con mayor empeño la carta constitucional.  Estamos en un tiempo en el que no todas las personas tienen el mismo acceso a las oportunidades y servicios que les permiten llevar una vida digna y feliz: desde no poder participar y que se escuche su voz sobre las normas de la sociedad en la que viven, a no acceder a servicios e infraestructuras básicas como la alimentación saludable y el agua corriente, la educación pública, la salud o el sistema de bienestar social. Cada día desde allí, desde las propias instituciones cooptadas por la derecha, se cuestiona la lucha por el disfrute de los derechos, que ya eran consensos sociales en el país.

Son muchos los ataques contra la constitucionalidad del país que ha lanzado el Centro Democrático desde su aparición. Incluso se ha llegado al extremo, de negar en voz de María Fernanda Cabal, que la educación o la salud, son derechos fundamentales. En estos años, las agresiones se han disparado y para ganar territorio político, una de las estrategias de este movimiento extremista ha sido tachar con epítetos e insultos, así como violencia y muerte, cualquier postura que no sea la suya y la respuesta a esa pugna ha sido que se imponga el ala más radical también al interior de la derecha tradicional. Por eso, no fue sorpresa que en las directivas del Congreso se colocaran políticos que no esconden su corrupción y su calidad de narcos. Y mientras la extrema derecha mantenga posiciones extremistas debería recibir el repudio nacional e internacional, porque es una amenaza para la convivencia, los derechos humanos y el sistema democrático.

El Gobierno de Duque no solo promueve un estado elitista, sino también excluyente, precario, corrupto y reactivo. Se ha consolidado una democracia limitada por el poder de la riqueza para financiar campañas e imponer la agenda de intereses privados. Por eso el gobierno reacciona a las demandas de la población con violencia y con odio, en vez de proponer autónomamente las soluciones. No tienen un modelo de estado común, y el modelo de estado propuesto por la derecha resaltan la desigualdad, la corrupción, el clientelismo, el rebusque y la violencia, todos ellos potenciados por el desarrollo del narcotráfico. Por eso, el gobierno actual fomenta la exclusión por razones étnicas, económicas, políticas y culturales, estimulando, formas perversas de inclusión basada en la violencia, el odio y el temor, no como procesos de movilización de la población, que impulsan y consolidan el sistema social y político vigente. 

Como resultado, se muestran los rasgos de un estado débil, tanto en lo territorial como en su capacidad de garantizar las posibilidades de reproducción social, en un marco de plena vigencia de los derechos y deberes fundamentales que le corresponden. Se ha desaprovechado la oportunidad de invertir en la gente, consolidar la democracia e inscribirnos en los procesos de modernización de la economía y de la sociedad. Es un proceso con un sentido fundamental de exclusión, presente en la forma misma que asume la construcción de las identidades en un país como el nuestro: “si tú eres, yo no soy; si yo soy, es porque tú no eres”, y que en la cotidianidad se refleja con la conocida frase, ¡“usted no sabe quién soy yo!” Básicamente, la escasa inversión del Estado en la formación de capital humano, especialmente entre las capas pobres de la población, implica una forma de exclusión social que ha redundado en un menor crecimiento económico y en un atraso en la modernización del país.

Si embargo, ese estado excluyente y clasista cosecha otros frutos; con el Paro Nacional se ha producido una enorme politización de los colectivos oprimidos, hay más consciencia social y activismo, lo que ha polarizado la dinámica política y hecho crecer la violencia de la derecha que han reaccionado con más discriminación y ansias de represalias. A esto se suma el tóxico papel del Centro Democrático, un partido que no cabe en un país verdaderamente democrático. Las libertades ganadas después de la Constitución del 91 y del Acuerdo de Paz, están siendo hoy cuestionadas por la expansión de estos mensajes y, con la vuelta de una derecha discriminadora y extrema al poder, podrían convertirse en políticas y leyes de odio. Por eso, la participación en la vida pública, tiene que llevar al voto y tener voz en el futuro de la sociedad. Solo así se justifica lo ganado en las calles.