Por: Admin

El pasado martes, en pleno Consejo de Ministros convocado por el presidente Gustavo Petro para informarles a los colombianos acerca del avance de la reforma agraria, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, denunció que 9 congresistas estarían detrás de la apropiación indebida de baldíos de la nación.

El senador Lidio García Turbay, candidato presidencial de ala gavirista del Partido Liberal, y familiares de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, junto a tres senadores del Partido Conservador, dos de Cambio Radical y uno del Partido de la U, son algunos de los nombres que pueden rastrearse en este asunto.

Todos activos opositores de las reformas sociales presentadas por el gobierno de Gustavo Petro que están defendiendo los privilegios de los grupos políticos y familiares a los que pertenecen y que han obtenido a partir de legislar en contra del pueblo.

No es justo que a estos clanes políticos y familiares, a partir del "plumazo" de un funcionario del Estado, se les sigan adjudicando los baldíos de la nación que deberían estar destinados a fortalecer la economía campesina y la protección ambiental, mientras a los campesinos y campesinas cualquier solicitud para un título o un pedazo de tierra termina sepultada en una pila de trámites y papeleo. Cuestión que se convierte en una barrera de acceso para materializar lo ordenado por el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, el Acto Legislativo 01 de 2022 que declara al campesino sujeto de derechos, y el punto uno del Acuerdo de Paz con las FARC.

Por eso, es necesario revisar en la legislación cuáles son aquellos aspectos que impiden la materialización de los derechos del campesinado y que de una vez por todas le permitan a Colombia salir de esa vorágine de guerras recicladas alrededor de la tenencia de la tierra.

Para eso es prioritario evaluar aquella legislación que no permite materializar los principios de eficiencia y coordinación en la administración pública en asuntos relacionados con los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental como las Zonas de Reserva Campesina, Resguardos Indígenas, Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2 de 1959, Parques Nacionales Naturales y Territorios Campesinos Agroalimentarios, con el fin de superar los conflictos socioambientales y reconocer por fin en este país la dimensión ambiental del campesinado.

También es necesario revisar el funcionamiento del crédito agropecuario buscando construir una política de Estado que fortalezca la producción agrícola campesina y reformando el Banco Agrario de tal manera que deje de comportarse como un banco privado y se constituya como una verdadera banca de fomento de la producción agrícola campesina, familiar y comunitaria. Por último, fomentar el desarrollo territorial de sectores rurales del país a partir de la iniciativa del gobierno nacional —tumbada por la Corte Constitucional en el 2023— de contratar la construcción y mejoramiento de vías terciarias con organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal y comunidades indígenas y proteger la producción agricola campesina, familiar y comunitaria como una forma de adelantar la lucha contra el hambre en nuestro país.

La tierra en Colombia ha sido el origen del conflicto. Negarle su acceso y el bienestar a quien la trabaja es perpetuar la guerra. Es hora de que el pueblo decida y por eso valdría la pena incluir en la Consulta Popular una pregunta en ese sentido:

¿Está usted de acuerdo con que el Congreso de la República debe modificar las leyes para eliminar el exceso de trámites y agilizar los procedimientos que impiden la entrega de tierras a campesinos y comunidades indigenas, la formalización de predios y la adjudicación de baldíos, además del reconocimiento de la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado como lo ordena el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia?