Corte democratiza la tierra

La Corte Constitucional, en una clara jurisprudencia, dio luz verde a la expropiación de inmensas cantidades de terrenos baldíos de la nación que los jueces entregaron a manos llenas a los sectores poderosos del país, entre ellos a la banca acaparadora, previos algunos trámites que lucían en regla en su momento, además de poseer éstos un sentido inobjetable, inimpugnable, en lo sustancial.

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La sentencia anotada incorpora un fallo aún en caliente, en pleno trámite de notificación al gobierno del Pacto Histórico; anuncia ese legajo en su contenido que el curso de la era de los cambios consensuados por los connacionales en este 2022 se avecina con pasos de animal grande. No obstante, se sabe por igual que existen vacas sagradas y prohombres, de la rama ejecutiva, convertidos en titulares (‘dueños’) de predios acumulados en el transcurso de la vida institucional republicana a la que han tenido acceso, a veces, en su calidad de jueces y parte, frente a unos negocios en permanente disputa. Así las cosas, los atavismos de esos grupúsculos dominantes llegan a una condición milenaria desde la que aún oponen resistencia cuando se perfilan novedades determinantes. Esas maniobras legales pueden entonces constituir una clásica radiografía del establecimiento colombiano, inamovible ante la faz del mundo, imperturbable en su sometimiento perverso a las comunidades sin tierra para producir. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que allí subyace una de las causas principales del baño de sangre que remonta siglos y milenio en esta geografía de recursos manipulados caprichosamente. En esas condiciones, los latifundios alcanzaron niveles desproporcionados, inverosímiles, y produjeron un coctel no muy santo con el poder político de las castas territoriales, en medio de unas riquezas astronómicas derivadas de la acumulación de capital, por la reproducción inatajable de bienes sin una función social conocida.

 

JURISPRUDENCIA ELÁSTICA

 

Los terratenientes oportunistas aducían un régimen vigente de derechos consagrados en la ley, como ocupación, posesión y dominio, entre otros. En algunas ocasiones, predicaron hasta un supuesto uso eficiente de la tierra, aunque esa calidad no podría ser demostrada con facilidad ante la justicia, por razones obvias como la amañada extensión del sistema feudal a través de los siglos, y la entronización de la injusticia, de la inequidad, hasta alcanzar una categoría mundial que no produce motivos de orgullo para nadie con cinco dedos de frente en la actualidad. La decisión que acaba de adoptar el organismo jurisdiccional concurre en su vigencia al mismo compás de la propuesta política agroindustrial del gobierno Petro y coincide con el espíritu de capitalizar al país mediante unas fuentes inexploradas en el ámbito de la Ciencia y Tecnología. Uno de los ejes del programa del gobierno en funciones inaugurales recibe un patrocinio constitucional sin antecedentes en esta parte del mundo, y advierte con sus efectos una redistribución de la riqueza –inserción en el mercado global sin competencia significativa de otros países productores- y la reconquista del humanismo tan de capa caída en la tierra.