Campesinos damnificados de El Quimbo esperan compensaciones, mientras ENEL hace millonaria inversión en telecomunicaciones

ENEL, la mayor corporación eléctrica europea compra el 21% de la empresa de fibra óptica latinoamericana Ufinet International por 150 millones de euros (US$175 millones), con la opción de adquirir el resto a su dueño Sixth Cinven Fund por entre 1.320 y 2.100 millones de euros, según informó la agencia Reuters.

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De esta manera la inversión ascendería a los 2.300 millones de euros. Las negociaciones vienen desde 2018.

En contraste, ENEL-EMGESA propietaria de la Hidroeléctrica El Quimbo, mantiene en el limbo a los campesinos del centro del Huila que perdieron sus tierras de cultivo tras ser inundadas para la creación del embalse, y además, no termina de pagar las compensaciones económicas, sociales, culturales y ambientales a las que está obligada contractualmente y por órdenes judiciales.

Se trata de la restitución de 5.200 hectáreas para cultivo que beneficiará en forma directa a 3.500 personas. El área inundada producía en 2008 antes de la inundación alrededor de 36 mil toneladas de alimento, hecho que ha representado un detrimento patrimonial para el Huila, según fuentes gubernamentales y Asoquimbo, la asociación que agrupa a los damnificados por el proyecto hidroeléctrico.

Parte de los campesinos fueron compensados, pero con tierras que no son aptas para la agricultura, según testimonios conocidos por este medio. Y varios centenares de campesinos sin tierra que trabajaban como jornaleros en el área inundada, aún esperan que les cumplan con 2.700 hectáreas prometidas.

El directivo y asesor de Asoquimbo Miller Dussán Calderón calificó a ENEL-EMGESA a través de redes sociales como “una empresa criminal que no ha cumplido con las compensaciones sociales de cerca de 30.000 víctimas, ni económicas, ni ambientales y culturales”.

Por su parte el asesor jurídico de Asoquimbo, el abogado Oscar Reyes, destacó en declaraciones recientes para la prensa regional, las dos sentencias de primera instancia del Tribunal Administrativo del Huila que responsabilizan a ENEL-EMGESA y al Minambiente por la vulneración a los derechos colectivos a un ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la prevención de desastres técnicamente previsibles.

A finales de diciembre de 2020, la Contraloría General de la República hizo público un informe que da cuenta de 18 hallazgos con incidencia disciplinaria y 4 con incidencia penal en relación con el cumplimiento de las obligaciones de la multinacional italoespañola.

Actualmente cursa en la Fiscalía 3 de Bogotá una investigación por el presunto delito de daños ambientales, y en el Consejo de Estado una de nulidad de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

El asunto de las tierras

Consultado por Opanoticias.com, el asesor Dussán Calderón explicó con detalle el asunto de las tierras:
De las 5.200 hectáreas inundadas, el Estado debe comprar 2.700 adecuadas con distritos de riego por gravedad por parte de Emgesa, y esta debió haber comprado 2.500 para reasentamientos colectivos e individuales y adecuarlas también con distritos de riesgo por gravedad.

Hasta ahora no se han adquirido las 5.200 hectáreas, que debían ser tierras baldías porque se trataba de restituir la actividad productiva. Emgesa solo compró 900 hectáreas para reasentamientos colectivos que se encontraban en producción, compras ilegales porque debieron haber sido incorporadas previamente a los Planes de Ordenamiento Territorial por tratarse de predios con destino a urbanizaciones. Ha sido la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) quien se refirió a la ilegalidad de dicha compra.

Si se dividen las 5.200 hectáreas por 5 (extensión de la Unidad Familiar), serían 1.040 los beneficiarios. Según cálculos recientes y muy conservadores de la Gobernación del Huila, por compra y distrito de cada Unidad Familiar, serían 180 millones. Según asesores de Asoquimbo en esta materia, serían mínimo 250 mil millones.

La Gobernacióm del Huila en la Audiencia Pública Ambiental informó que por cada año de incumplimiento de la restitución de la producción, desde el 2014 se vienen perdiendo unas 30 mil toneladas de alimentos por un valor cercano a los 45 mil millones de pesos a precios del 2014.

El decreto 1277 de 2013 del Ministerio de Agricultura que ordenó un programa especial de tierras en producción no se ha cumplido y Asoquimbo calcula que mínimo equivalen a 300 unidades familiares, especialmente, para jornaleros desplazado de las tierras para reasentamiento sin ninguna compensación.
A lo anterior debe agregarse el valor de pescadores artesanales por contaminación del Rio Magdalena. En días pasados Asoquimbo incorporó cerca de 280 personas para efectos de indemnización por demanda que será objeto de decisión del Consejo de Estado, a quines habría que pagarles, a cada uno,  al menos 40 millones.

Al asunto de las tierras, debe sumarse, la tasa de aprovechamiento forestal, que según cálculos de la CAM a precio de hoy son mínimo 30.000 millones.

Finalmente, el doctor Dussán Calderón, calificó de “gravísima” la situación creada por el proyecto El Quimbo, porque “nunca se hizo el estudio de valoración económica de impactos ambientales”. Y agregó que Asoquimbo se apoya en la investigación internacional del Equipo de la Universidad de Oxford ‘Should we build more large dams?’ (‘¿Deberíamos construir presas más grandes?’). Esta investigación revisó los impactos socioambientales de 245 represas en 65 países de los cinco continentes y llegó a la conclusión que “los costos reales fueron en promedio 96% mayores que los costos estimados”.

Eso quiere decir que si la inversión fue de 1.200 millones de dólares en El Quimbo, entonces los daños causados suman cerca de 1.200 millones adicionales, que según el estudio citado, lo asumen los ciudadanos, en este caso las víctimas.

Razón le asiste a la Contraloría General de la República, cuando señala que El Quimbo se construyó a costa de la pobreza y miseria de las habitantes del centro de Huila.