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Sobre este caso en fallo de primera instancia la PGN destituyó e inhabilitó por 20 años a siete soldados del Batallón de Artillería No 8 Batalla de San Mateo de la Octava Brigada por acceso carnal violento y secuestro simple agravado de la menor de edad de la comunidad Embera Katío Actualmente se encuentra en la Sala Disciplinaria para decisión de segunda instancia

El Consejo de Estado informó este miércoles en un comunicado que ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento del Decreto 003 del 2021, por medio del cual se estableció un protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana .

La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, interpuso un ciudadano contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por considerar que las acciones emprendidas por esas autoridades a raíz de las movilizaciones acaecidas en el marco del paro nacional que se vive en Colombia desde el 28 de abril del 2021, violaron sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, a la paz y a la libre movilización.

Hay testimonios, pruebas documentales y fílmicas que acreditan excesos por parte de los agentes de la fuerza pública, uso indiscriminado de la violencia, desconocimiento del principio de proporcionalidad, entre otras actuaciones notablemente atentatorias contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los manifestantes. Para la alta corte, las autoridades accionadas, en desmedro de garantías constitucionales y recomendaciones de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, ha hecho uso de la fuerza como primer instrumento y no como último mecanismo de solución a las alteraciones del orden público en las protestas, relegando el diálogo y las negociaciones como alternativa ,, señaló el Consejo de Estado.

Además, El Consejo de Estado advirtió que las razones de sanidad y salubridad publica no son una justificación valida para ordenar la suspensión de las jornadas de movilización.